Javier Duarte de Ochoa intenta blindar su salida del gobierno, luego de la derrota electoral del pasado 5 de junio y el abandono de su propio partido, el Revolucionario Institucional. Y es que la semana pasada, el mandatario —cuya gestión concluye el
próximo 30 de noviembre— envió al Congreso local un paquete de iniciativas que incluyen los nombramientos de funcionarios en puestos clave para la transparencia y rendición de cuentas, pero también emitió varios decretos para maniatar al virtual Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien prometió a los veracruzanos encarcelar al gobernador Duarte por su presunto enriquecimiento ilícito.
Sin embargo su partido le dio la espalda. El día jueves 30 de junio pues, la Junta de Coordinación Política, dominada por el PRI, maniobró para frenar el nombramiento de Francisco Portilla Bonilla —un ex diputado priísta cercano a Duarte— como nuevo fiscal anticorrupción para los próximos cinco años. Según las valoraciones previas, faltaban cuatro votos de legisladores priistas o afines al partido oficial para tener la mayoría calificada: 34 votos.
A pesar de las advertencias de que el Ejecutivo veracruzano violaba la ley al inmiscuirse en el Poder Judicial del estado y entre protestas y pancartas que decían Duarte no puede combatir la corrupción porque él es la corrupción y #QueNoSeEscapeDuarte, la mayoría priísta y sus aliados de los partidos Verde Eciologista de México (PVEM) y Nueva Alianza aprobaron el dictamen con 30 votos. Hubo 14 en contra y cuatro abstenciones.
Los diputados José Ramón Gutiérrez, Mónica Robles, Jesús Vázquez y Ricardo Ahued, otros priistas, se rebelaron contra el mandatario saliente. La mesa directiva y la Junta de Coordinación Política decidieron también postergar el nombramiento del nuevo comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, donde Gabriel Deantes Ramos, ex secretario del Trabajo y Previsión Social y conocido mapache electoral, quien enfrenta tres denuncias ante la Procuraduría General de la República por desvío de recursos públicos en la época en que fue subsecretario de Finanzas.
El Congreso estatal sólo le aprobó al gobernador la creación de la Sala Anticorrupción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con 30 votos a favor, 14 en contra y cuatro abstenciones de legisladores priistas. Aun así, Duarte podrá proponer a tres nuevos magistrados, que serán adscritos a la nueva sala donde permanecerán cinco años.
Los priistas "disidentes” filtraron la versión de que Duarte pretende imponer a la ex titular del Instituto Electoral Veracruzano, Carolina Viveros García, así como al ex procurador de Justicia, Reynaldo Escobar, y al litigante priista Jorge Reyes Peralta. Su propósito, dicen, es tener un blindaje para los próximos cinco años.