La Comisión de Igualdad de Género del Senado aprobó por unanimidad un exhorto por el cual solicita a autoridades locales y federales atender casos de violencia política contra las mujeres.
Ello con base en la implementación de protocolos para evitar actos de impunidad, discriminación y desigualdad, que buscan menoscabar o anular el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales.
Asimismo, piden a organismos públicos locales, procuradurías y fiscalías generales de justicia y tribunales electorales estatales que, en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales, establezcan mecanismos claros, certeros y didácticos que permitan a las autoridades actuar inmediata, oportuna y adecuadamente, en casos de violencia política en contra de las mujeres.
Proponen también que en la elaboración de sus respectivos protocolos, las autoridades tomen como base el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional de las Mujeres.
En el texto de la propuesta impulsada por las legisladoras panistas se resalta que la Fepade tiene registrados un total de 141 casos de violencia política de género, de los cuales se atendieron 38 en 2015, derivados del proceso electoral de 2014-2015 y, en lo que va de 2016, se tiene conocimiento de 103.
Subrayan que entre los casos de violencia política que actualmente enfrentan las funcionarias públicas, legisladoras o candidatas, están la inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión, el registro de mujeres exclusivamente en distritos perdedores.
Así como la inequidad en la distribución de los recursos para las campañas, así como agresiones verbales, gráficas o escritas basadas en estereotipos y visiones discriminatorias contra las mujeres, además de acoso, ataques físicos, violencia sexual e incluso homicidio.
La mayor presencia de mujeres en cargos de designación o de elección popular ha traído también un incremento de la violencia política contra ellas.
“Ante tales circunstancias, es necesario promover acciones e instrumentos operativos en contra de la violencia política hacia las mujeres, preservando sus derechos políticos, ciudadanos y civiles”, afirman.
En otro punto del orden del día, se aprobaron también dos exhortos presentados por la senadora Sandra García Guajardo y el senador Raúl Gracia Guzmán, para emitir la alerta de género en Tamaulipas y Nuevo León, estados que representan, respectivamente.