Instituciones del Estado mexicano unieron esfuerzos y trabajan de manera coordinada en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, para prevenir la violencia política en esas entidades que celebrarán comicios el 4 de junio.
El objetivo es garantizar que las mujeres ejerzan con plenitud su derecho a participar, a ser postuladas como contendientes a un cargo de elección popular y a ejercerlo hasta el fin de su mandato, se informó en un comunicado.
Lo anterior, luego de la reunión interinstitucional para abordar los casos de violencia política contra las mujeres, en la que participaron autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Asimismo, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
También de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
En ese marco, la consejera electoral Adriana Favela llamó a las instituciones a actuar con prontitud y eficacia, pues alertó sobre reticencias a cumplir con la paridad de género en las candidaturas, y se refirió los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde dijo que existe una nueva modalidad de violencia política contra las mujeres.
“Hemos detectado mujeres que fueron registradas como candidatas a cargos de elección popular, cumpliendo con la paridad de género que se impulsa desde la reforma de 2014, pudieron acceder a los cargos de elección popular, las dejaron tomar protesta del mismo y desempeñarlo por algunos meses”, narró la consejera.
Abundó que luego las mujeres fueron obligadas a renunciar, solicitar licencia o inclusive a separarse del cargo sin ningún tipo de explicación.
De manera particular se refirió al estado de Chiapas, donde se eligió a representantes de 122 ayuntamientos. En 34 casos se eligió a mujeres como presidentas municipales, 68 como síndicas y 662 regidoras, que es el porcentaje más alto de mujeres electas.
Favela Herrera recordó que “hasta el 3 de febrero del presente ha habido 54 sustituciones”, de las cuales “30 son de mujeres, pero 23 de esas mujeres fueron sustituidas por hombres y sólo siete por mujeres”.
Precisó que en el caso de “hombres que deben ser sustituidos, 24 que renunciaron, fallecieron o pidieron licencia, 20 fueron sustituidos por hombres y sólo dos por mujeres. De ahí que en esos 54 cargos de elección popular hay sólo nueve mujeres, 43 hombres y faltan dos cargos por designar”, anotó.
Subrayó el caso de Coahuila, en donde la semana pasada en el seno del Organismo Público Local Electoral (OPLE) fue aprobado un acuerdo de paridad de género en las candidaturas, que ya fue impugnado por la mayoría de los partidos políticos.
“Antes de que existiera la paridad a nivel constitucional, Coahuila ya había logrado una representación importante de las mujeres a nivel de diputaciones locales y sería inadmisible que ahora que ya están obligados a cumplir con la paridad de género en las candidaturas, buscaran un recoveco para no cumplir”, añadió.
En su turno, la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto, ratificó el compromiso del organismo jurisdiccional electoral para contribuir, desde la impartición de justicia, a la consolidación de una democracia paritaria libre de violencia.
Este es el momento de actuar en conjunto, previo a que inicien las precampañas y campañas electorales, planteó la magistrada.
El actual es el momento propicio para trabajar en la sensibilización, en la capacitación y en la socialización del protocolo de violencia política contra las mujeres, y prevención de esta conducta no deseada que corta la libertad de las mujeres que desean participar en los procesos electorales, subrayó.
Convocó a las instituciones participantes a revisar y reformular el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, y anunció la realización de foros en las cuatro entidades con elecciones en 2017, con la participación de todas las instituciones convocadas, además de los OPLE, sociedad civil y academia.
Finalizó que el objetivo es también los partidos políticos, pues se ha detectado que cuando inician las contiendas internas y definen sus candidaturas hay mucha violencia política contra las mujeres.