Francisco Jiménez Pablo, Presidente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Movimiento Nacional, hizo un llamado al Estado mexicano a dejar el estigma de que pedir disculpas públicas por haber violentado los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente de los indígenas, es
"sumisión".
Lo anterior, luego de que, el pasado miércoles, en el estado de Chiapas, autoridades de la Secretaría de Gobernación así como del gobierno del estado atendieron dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos correspondientes al 2011 y 2013, y en las que, además de la reparación del daño por violaciones a derechos humanos, se solicitó la disculpa pública a 24 indígenas más su dirigente nacional, Francisco Jiménez Pablo.
Una vez celebrado el acto público en presencia del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Federal, Roberto Campa Cifrián y el Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda así como del primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, el líder campesino con presencia en Chiapas desde hace más de 26 años con agrupaciones como MOCRI-CNPA MN, dijo que esta aceptación gubernamental es un paso adelante para los indígenas del país.
Sin embargo, tuvieron que pasar seis años para dicha disculpa aunque las violaciones corresponden al 2010, durante el gobierno de Jaime Sabines Guerrero cuando se reportó el encarcelamiento, persecución y vejación en contra de militante del MOCRI, de tal suerte que el dirigente campesino indicó que esta acción sienta precedentes en el ejercicio democrático de una nación.
En entrevista, Francisco Jiménez Pablo, quien estuvo acompañado por liderazgos campesinos de la UGOCP, UFIC, UNIMOSS, CNPA, CCC así como legisladores, declaró que "pedir disculpas es un ejercicio democrático y el Estado no debe calificarlo como que fue vencido, si no como un reconocimiento de un ejercicio de gobierno por aplicar la justicia".
El líder de la CNPA MN, dijo que la disculpa pública derivada de dos recomendaciones de la CNDH (la 64/2011 y la 11/2013) respondió a la presión social, a la presión de organismos internacionales así como al apoyo recibido por parte de Comisión antes citada.
Por lo anterior insistió en que el Gobierno Federal no debe sentirse sometido u obligado para hacer respetar los derechos humanos y tener que ofrecer disculpas públicas cuando esto debería de ser un ejercicio cotidiano y apegado a una cultura de democracia.
Francisco Jiménez Pablo, quien estuvo encarcelado durante 4 años en un penal federal de máxima seguridad y fue víctima de persecución y represión, lamentó que las disculpas del Gobierno Federal hacia las víctimas de abuso puedan ser utilizadas como "actos protocolarios" pues de ser así no puede existir avance democrático en el país.
El líder campesino apoyado por los 24 indígenas miembros de CNPA-MN y MOCRI, indicó que la disculpa pública debe ser garantía de que no se repetirá la violación de derechos humanos y se corregirán las acciones arbitrarias así como las vejaciones "perversamente planeadas".
Por su parte, Rocío Miranda Pérez, líder la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), declaró que este acto genera estabilidad social en Chiapas sin embargo hizo falta la presencia del gobernador Manuel Velasco Coello, para dar contundencia a la gobernabilidad en la entidad.
En tanto, para la diputada federal Karina Barón Ortiz, Presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Evaluaciones del Programa Especial Concurrente de la Cámara de Diputados, este acto no debería ser recomendado por la CNDH sino que debería ser “acto de humanidad de los gobiernos” y además debió darse la renuncia de los funcionarios involucrados en las violaciones a los derechos humanos de los indígenas.
Para Luis Gómez Garay, Secretario de la Unión General Obrero Campesina y Popular (UGOCP), dijo que si bien en México hay avance en la democracia ésta no está exenta de las violaciones a los derechos humanos por lo que ahora el gobierno de Chiapas al ser “pertinentes” con una disculpa “tibia” ello “no refleja la solución al sufrimiento de los compañeros en las mazmorras de la cárcel”.
Finalmente, Javier Eduardo López Macías, líder UNIMOSS, indicó que la disculpa pública es un avance lamentablemente no es suficiente mientras no haya cambios y castigos a las autoridades que violen las garantías individuales de los ciudadanos.