Debido a las altas cifras de agresiones en contra de defensores de derechos humanos, el Senado de la República demandó a la Secretaría de Gobernación, para
que se fortalezcan las acciones necesarias para proteger, promover y garantizar efectivamente los derechos humanos y libertades de las personas defensoras en todo el país.
En el acuerdo aprobado, se señala que dichas acciones deben implementarse y reforzarse a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual está encargado de adoptar medidas de prevención.
Según cifras proporcionadas por organizaciones de la sociedad civil, del 1 de junio de 2012 al 1 de mayo del 2015, se reportaron, por lo menos, 918 casos de violaciones de los derechos humanos contra personas defensoras en México.
El Mecanismo ha brindado protección a 386 personas defensoras de derechos humanos y 260 periodistas, sin embargo, se requieren políticas efectivas para prevenir las violaciones a los derechos humanos de estos grupos de la sociedad.
Urgen a proteger derechos humanos de la población
El Senado de la República exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reforzar sus procedimientos para la recepción, trámite y resolución de quejas presentadas, a fin de garantizar derechos humanos de la población mexicana.
En el Informe Anual de Actividades 2016, la Comisión señala que en ese año fueron concluidos más expedientes que los registrados, debido a la atención brindada a asuntos relacionados con ejercicios anteriores.
Además, en ese año fueron formalmente tramitadas conciliaciones con exigencia a 186 autoridades e instancias relacionadas con 172 expedientes de queja, en apoyo a los quejosos involucrados.
Durante la sesión de hoy, se solicitó un informe a la Fiscalía General de Puebla sobre las acciones, planes y estrategias que realizó para cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de Derechos Humanos de Puebla, en relación a presuntas irregularidades en el acceso a la justicia, trasgresiones a la seguridad jurídica y uso de métodos contrarios a la dignidad humana.
En otro acuerdo, se solicitó al gobierno de Puebla implementar políticas públicas adecuadas y acciones para garantizar que su sistema penitenciario se base en el respeto a los derechos humanos y haga efectiva la reinserción social.