Ante los homicidios cometidos, actitud injusta, agresiva e ilegal que el gobierno del Estado de México ha implementado en contra de millones de mexiquenses, el gobernador de la entidad Eruviel Ávila Villegas, será motivo de un juicio político ya que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM), “es un títere manejable”.
El integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Antorcha Campesina, ingeniero Homero Aguirre Enriques, dijo lo anterior a los radio escucha del programa de radio “VOCES AL AIRE”, que se trasmite por el 760 de ABC, y les informó que ello se manifestarán por las calles, pero sin perjudicar a terceros.
Así mismo informó que 130 mil antorchistas de todos los rincones del país se concentrarán en el Estadio Azteca, el próximo 3 de noviembre, para protestar por la persecución de la que son objeto los militantes de la organización en el Edomex.
Ahí exigirán frenar las injusticias en su contra, como consecuencia de que se han atrevido a demandar enérgicamente que el gobierno de Eruviel Ávila que cumpla sus compromisos de campaña.
Aseguró que desgraciadamente el gobernador, en su Primer Informe de Gobierno se condujo con la cultura de la mentira, y todas sus declaraciones llevan un mensaje de ilegalidad e injusticia.
Dijo el ingeniero Aguirre Enriques que en el Estado de México, como en el resto del país desde hace 39 años, el Movimiento Antorchista tiene un enemigo a vencer: la pobreza, por lo que persigue los mismos objetivos a corto plazo.
Entre los objetivos está el resolver algunas de las necesidades y carencias más importantes de amplios sectores de la población. A plazo mayor, buscan una mejor distribución de la renta nacional y una reorientación drástica del gasto social en favor de los que menos tienen, para paliar la tremenda injusticia social en la que viven millones de habitantes.
Explica el integrante del Movimiento Antorchista al director del diario nacional “EL PUNTO CRITICO”, Eduardo Ramos Fusther que en el caso del Estado de México, los agremiados al antorchismo han demandado al gobierno estatal que cumpla su palabra, y a cambio, algunos son asesinados.
En campaña hizo promesas de dotar a millones de mexiquenses de servicios, vivienda, pavimentos, aulas, apoyo a la producción, programas de combate a la pobreza, etc., fueron signadas en documentos notariales aplicando la fórmula de “Te lo firmo y te lo cumplo”, y en actas de acuerdos donde aparece la firma de funcionarios estatales de primer nivel, como el secretario de Finanzas, Erasto Martínez Rojas.
Pero, transcurrido ya un tercio de la administración, la mayoría de eso compromisos firmados son letra muerta, meras promesas de campaña.
Para demostrar que esto es cierto la organización ha realizado un cotejo, caso por caso y en presencia de un notario público, entre lo firmado en campaña y lo realizado; los resultados son absolutamente desfavorables al gobierno, pues en la mayoría de los casos el avance es igual a cero.
Esta evaluación fue entregado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) para que emita una recomendación por las violaciones a los derechos humanos que esto implica, y se está en espera de la recomendación respectiva.
Sin embargo, lejos de que el gobierno del Estado de México cumpla ha iniciado un serie de atropellos, que van desde la retención de recursos públicos que por ley le corresponden a los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca, hasta las amenazas de muerte a líderes antorchistas.
Un grupo relativamente pequeño de transportistas solicitó apoyo para librase de la tutela del pulpo camionero que los tiene hartos de tanto saqueo y manipulación. Pero lo que se ha evidenciado es que hay fuertes lazos entre el gobierno y los monopolizadores del transporte, pues es evidente que el negocio es común.
Asegura el ingeniero Homero Aguirre, que trasladar la protesta a la capital del país no es un acto repentino ni caprichoso, sino una medida necesaria para exponer nuevamente ante el Gobierno de la República, ante la opinión pública nacional y los organismos defensores de los derechos humanos, en un foro monumental como es el Estadio Azteca, proporcional al tamaño de los agravios sufridos, un grave problema de abuso gubernamental por parte del gobierno mexiquense. Los antorchistas de todo el país consideran el ataque a sus compañeros, como un agravio que se hace a todos.
Asimismo, la organización social, con más de un millón 200 mil agremiados, anunció que a partir de hoy, inició una campaña de denuncia en todo el país.