Según cifras oficiales, tan sólo en 11 de los 30 hospitales que conforman la Red Hospitalaria del Gobierno del Distrito Federal, se otorga el servicio de Interrupción Legal del Embarazo, lo cual limita la accesibilidad de este derecho para las mujeres en la ciudad de México y restringe su alcance como servicio de salud pública.
Por ello, la asambleísta del Partido de la Revolución Democrática, Polimnia Romana Sierra Bárcena, presentó una iniciativa para garantizar la mayor accesibilidad, movilidad y cobertura de los servicios de salud para la interrupción legal del embarazo, misma que busca ampliar los mecanismos contenidos en el artículo 144 del Código Penal local, para incrementar la prontitud del servicio a las mujeres que así lo requieran.
“La interrupción legal del embarazo segura, gratuita y eficiente no es sólo una cuestión de salud pública, en la ciudad de México las mujeres decidimos cuándo y cómo tener a nuestros hijos. Las mujeres no tenemos dueño o patrón, hace tiempo que decidimos hacia dónde va nuestra vida y cualquiera que sea nuestra situación podemos elegir interrumpir un embarazo sin ser acusadas o perseguidas” subrayó la diputada Sierra Bárcena
En este contexto resaltó que es indispensable aumentar la inmediatez de estos servicios, dado que el tiempo de práctica del servicio de interrupción legal del embarazo, es trascendente para que éste se realice en condiciones de legalidad, toda vez que para la realización del mismo se tiene como plazo máximo las 12 semanas de embarazo, y en muchas ocasiones el proceso se entorpece por no contar con atención oportuna o por falta de información adecuada para las solicitantes.
En este sentido la legisladora Polimnia Romana explicó que el objetivo de la iniciativa es agilizar este servicio de salud y garantizar la mayor cobertura en la capital, atendiendo 4 mecanismos para su aplicación:
1) Generar instrumentos de comunicación para que las mujeres puedan solicitar esta práctica por medios más ágiles y accesibles;
2) La adaptación y adecuación de toda la Red Hospitalaria del Gobierno del Distrito Federal, para atender a un mayor sector poblacional;
4) La certificación y capacitación de diversos actores sociales, privados y organizaciones de la sociedad civil, a efecto de que puedan otorgar este servicio de salud en condiciones de calidad, seguridad e higiene.
En conclusión, enfatizó “En esta ciudad no se dará ni un paso atrás”, porque la ruta de penalización del aborto ha sido completamente ineficaz para resolver el grave problema social que aqueja y en contraparte al fortalecer una política pública incluyente y más amplia, como es el derecho a la interrupción legal del embarazo, nos dará los mejores resultados para reducir la incidencia de abortos clandestinos y lograr la disminución de mortalidad materna.