La elección de un Ministro de la SCJN es un momento importante de la vida democrática del país y llega en una situación de crisis generalizada de los derechos humanos en México, donde el rol de un poder judicial fuerte e independiente se vuelve fundamental. Más allá de garantías formales, el Senado de la República tiene como deber garantizar las condiciones efectivas de una elección plural, participativa y respetuosa de la separación de los poderes.
En primer lugar se debe valorar si los candidatos cumplen con las capacidades y méritos necesarios para ocupar un cargo de alta relevancia para el país y para garantizar que el mejor de ellos sea quien resulte nombrado. En ese sentido, el Senado debe valorar si los candidatos cumplen con los requistos y cualidades necesarias para ocupar un cargo de tanta relevancia para el país y garantizar que se nombre al mejor de los candidatos. Lamentamos que la reciente designación de la terna haya sido un proceso discrecional del Poder Ejecutivo sin mayor motivación. Asimismo, el papel del Senado se vuelve fundamental en la evaluación de los candidatos.
La Comisión de Justicia del Senado estableció una serie de requisitos que permiten avanzar en la transparencia sobre los perfiles y el desempeño de los candidatos a tan alto cargo. Sin embargo, como en cualquier proceso de elección, garantías formales sin condiciones materiales adecuadas son un esfuerzo que carece de substancia.