El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Fernando Valenzuela Pernas, consideró que si el ex gobernador Andrés Granier Melo es encarcelado en Tabasco, sería en el penal del Creset y no en el Cefereso de Huimanguillo, pero todo está en espera de la resolución del juez y su estado de salud.
“Para efectos del reglamento, veo difícil que se vaya a Huimanguillo”, indicó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE).
En entrevista con los medios de comunicación, expuso que aunque no es competencia de la PGJE, al ex mandatario se le darían garantías en su seguridad física y su salud, pues en el Creset están recluidos decenas de detenidos durante su gestión.
Añadió que el ex gobernador está a disposición del Juez Cuarto de Distrito, quien no ha determinado aún si es trasladado a Tabasco y tanto la PGJE como la Procuraduría General de la República (PGR) están atentos pues hoy reanudó sus actividades el Poder Judicial Federal.
Añadió que el Cefereso ubicado en Huimanguillo –al suroccidente del estado- hay un reglamento que se trata de un penal para reclusos de delitos de alto impacto y que representan un peligro para la sociedad.
Por lo tanto, dijo que no vislumbra una posible reclusión de Granier Melo en ese lugar, por lo cual sería el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco, localizado en las afueras de Villahermosa.
El titular de la PGJ abundó que sobre el caso de las acusaciones de desvíos en la pasada administración, el pasado martes estuvo en Mérida, Yucatán, para solicitar la colaboración en las investigaciones de la fiscal general de ese estado, Celia Rivas.
Lo anterior, dijo, para hacer las primeras diligencias en la investigación que se sigue sobre la posible adquisición de terrenos ejidales y otros de propiedades a personas que son sujetas de indagatorias en la PGJE.
En cuanto a la relación que tendrían familiares del ex tesorero de Tabasco, José Manuel Sáiz Pineda, recluido hoy en el Creset, sobre esas transacciones, añadió que es “amplísima” la lista de investigados.
Añadió que no sólo en Mérida se indaga ese tipo de adquisiciones, sino también en Tizimin, Uman y otras zonas, a fin de documentar el estatus jurídico que tienen algunos terrenos.
Señaló que se obtuvo total disposición y colaboración del gobierno de Yucatán y de su Fiscalía para darle la seriedad que merece al caso, pues hacia ese estado llevan las vinculaciones en la línea de investigación.
En cuanto al encuadre del delito que podría estar detrás, dijo que se parte de la presunción de que se está ante operaciones con recursos de procedencia ilícita.