El encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Olivas Ugalde, afirmó que se aplicará la normatividad, no una “cacería de brujas”, en el caso de las empresa Oceanografía y sus contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).
En entrevista, sostuvo que la dependencia a su cargo y los órganos internos de control aplican exclusivamente la normativa en todos los casos donde tienen conocimiento de irregularidades, “es lo único que hacemos. No hacemos cacería, no hacemos ninguna cacería”.
En torno a si existen más elementos de esa empresa -intervenida el viernes pasado por la Procuraduría General de la República (PGR)-, el funcionario se reservó su derecho a informar.
“En este momento no tenemos ningún elemento para dar publicidad, todas nuestras actuaciones son reservadas, en su momento se les da a conocer como sucedió con la inhabilitación, así que no podría yo decirle”, dijo el funcionario federal.
Recordó que la Secretaría de la Función Pública sólo ha revisado los nueve contratos entre Pemex y Oceanografía, y con base en ello se determinó la inhabilitación a ésta por 21 meses y 12 días.
La SFP, “a través del Órgano Interno de Control, revisó los nueve contratos que tenía esta empresa que usted menciona y determinó que las fianzas no se ajustaban a lo estipulado en los contratos.
“Y por eso se inició un procedimiento donde la empresa alegó lo que a su derecho convenía, se analizó esto por nuestro órgano interno de control en Pemex y determinó la sanción y la inhabilitación”, abundó el funcionario.
En este marco, Julián Olivas resaltó que la inhabilitación impide cualquier contrato en la administración pública federal “y, si alguien hiciera una adjudicación sería indebida y sería sancionada”.
Respecto a si con ello está cerrada cualquier investigación contra la empresa, comentó que “está cerrado lo de las fianzas como yo les dije, está cerrada con la sanción y listo”.
El encargado de despacho de la SFP fue entrevistado al término de su participación en la presentación del libro “Modelo de una Contraloría General en un Órgano Constitucional Autónomo, escrito por el contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas.