La diputada Gabriela Salido exhortó las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Alcaldía de Azcapotzalco a trabajar en coordinación para revisar y atender los equipos del Programa de Alarmas Vecinales de la CDMX, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y encontrarse dentro de sus facultades.
Llamó a supervisar de forma continua las labores de los elementos policiacos asignados a la colonia Nueva Santa María para que realicen cabalmente sus actividades de protección y resguardo, y atiendan de forma oportuna las denuncias de los y las ciudadanas.
“Basta platicar con algunos vecinos o escuchar las noticias para conocer la creciente ola de inseguridad y crimen que se ha desatado en la ciudad en los últimos meses, particularmente en la zona de la colonia Nueva Santa María, donde las cifras de asaltos, robos y homicidios han aumentado rápidamente”, refirió la legisladora.
Es importante destacar que existe el reporte de algunos ciudadanos que forman parte del programa “Alarmas Vecinales” del Gobierno de la Ciudad, que se ven imposibilitados para hacer uso de las mismas, toda vez que éstas han dejado de funcionar y a pesar de los múltiples reportes no se ha dado solución a esta situación.
Según cifras de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, sólo en el mes de marzo del presente año en la Alcaldía de Azcapotzalco se registraron 925 denuncias de las cuales 621 corresponden a delitos contra el patrimonio, 46 a delitos contra la vida, representando estos dos rubros casi el 72% del total.
“Estas cifras reflejan una realidad de lo que se vive en las calles de esta colonia y otras muchas en la ciudad, fenómeno que ha orillado a las vecinas y vecinos de la zona de la Nueva Santa María a modificar su rutina cotidiana, viéndose obligados a concluir sus actividades a más tardar a las 19:00 horas en un intento de evitar ser víctimas de la delincuencia.”
“La realidad es que es labor del Estado y del Gobierno, incluso la razón primaria de su existencia, el velar por la vida y seguridad de las personas por lo que las autoridades facultadas deben tomar acciones frontales para proteger y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía”, concluyó.