Los derechos humanos formarán parte de la justicia administrativa, luego de la aprobación de la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso por parte de la Asamblea Legislativa el pasado jueves que introduce explícitamente la obligación del juzgador de sentenciar utilizando la interpretación de la ley más benéfica para la persona.
Durante la última sesión del periodo ordinario, el legislativo aprobó el dictamen que presentó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la iniciativa del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez que contiene las reformas a diversos artículos.
Además de las reformas, se adiciona el artículo 39A de este ordenamiento con el fin de incorporar la garantía de derechos humanos que deben regir ante los juicios de nulidad; de esta forma se plasma la disposición constitucional que establece la protección más amplia de los derechos humanos.
El diputado Robles, también integrante de la Comisión de Derechos Humanos, informó que las adiciones consisten en establecer los derechos ciudadanos, como el acceso a la administración de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita; a una demanda o recurso sencillo que lo proteja contra actos ilegales o arbitrarios de la autoridad; a ser requerido una sola vez; a la igualdad ante la ley evitando discriminación;
A su garantía de audiencia; a otorgarle la suspensión del acto impugnado; a la confidencialidad de su información; a no ser sancionados por sospechas; a que se emitan resoluciones en un plazo razonable y al efectivo cumplimiento de sentencias; pero sobre todo, la obligación del juzgador de sentenciar utilizando la interpretación de la ley más benéfica para la persona.
En cuanto al proceso de notificación se agregó la opción de correo electrónico, para optimizar los recursos humanos y materiales con los que cuenta el Tribunal de lo Contencioso, reduciendo tiempos de traslado, personal y riesgos de trabajo y para que el proceso sea más rápido y eficaz.