Tras las evidencias de uso electoral de programas sociales, el diputado Carlos Lomelí Bolaños realizó un llamado a las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Función Pública, así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), para que respeten el Convenio de Colaboración que suscribieron con el objetivo de “prevenir los delitos electorales”.
El diputado del Partido Movimiento Ciudadano señaló que en el proceso electoral --que se lleva a cabo en 13 estados de la república y una elección para la Asamblea del Constituyente -- el Gobierno Federal no ha hecho lo necesario para salvaguardar la legalidad y evitar que los programas sociales sean utilizados para promover el voto a favor de algún candidato, partido o coalición.
El secretario de la comisión de Desarrollo Social de la cámara de diputados, Carlos Lomelí, puso como ejemplo la grabación (que se dio a conocer hace unos días) en la que puede escucharse al delegado federal de “Prospera” en Veracruz, Alejandro Baquedano, y al diputado local del PRI, Raúl Zabarrat, quienes acuerdan condicionar la entrega de apoyos de este programa a cambio del votos a favor de ese instituto político.
Ahí, Baquedano se compromete con el diputado priista a incorporar a 3 mil familias veracruzanas al Programa “Prospera”, con la finalidad de que voten por el PRI en esta entidad.
Por otra parte, Lomelí Bolaños, recordó que Liconsa tomó la decisión de que a partir del domingo 1 de mayo, el litro de leche se venderá a un peso en 150 municipios del país, a efecto de “respaldar a las familias de escasos recursos de manera parcial”.
No obstante, consideró que dicha medida, más que ayudar a la población en situación de pobreza, busca beneficiar al partido en el poder, ya que la mayoría de los 150 municipios donde se reducirá el precio de la leche Liconsa se encuentran en estados donde habrá elecciones en junio próximo.
Recordó que el miércoles 3 de febrero de 2016, los secretarios de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, y de la Función Pública, Virgilio Andrade, anunciaron un nuevo esquema de la Contraloría Social, la cual vigilará que los recursos públicos de los programas sociales sean transparentes.
Bajo este marco, se instalarán 138 mil comités con la participación de más de 550 mil contralores sociales en las 32 entidades federativas, quienes podrán recibir quejas de los ciudadanos sobre el manejo de los programas sociales, que serán turnadas al Órgano Interno de Control en la Sedesol.
El diputado de Movimiento Ciudadano, indicó que según un comunicado de la propia Sedesol, existen 23.3 millones de personas en situación de pobreza que habitan en los estados donde habrá procesos electorales, de las cuales más de 17 millones son beneficiarias de programas sociales.
El legislador por Jalisco advirtió que, ante la falta de un blindaje electoral efectivo, esos millones de beneficiarios pueden ser utilizados para incidir en el voto a favor de algún candidato, partido o coalición.