En el pleno de la sesión extraordinaria del segundo periodo, senadores perredistas coincidieron en presentar un voto particular frente a las observaciones que realizara Presidente de la República a la Ley de Responsabilidades.
Al presentar dicho voto, el senador Armando Ríos Piter, recordó que las finalidades constitucionales del Sistema Nacional Anticorrupción fueron prevenir, investigar y sancionar actos y hechos de corrupción, y que su aplicación aplica a los servidores públicos, como a los particulares que bajo un régimen administrativo, se relacionan económicamente con el Estado.
Afirmó el legislador perredista que esta premisa y el tema de la corrupción tiene que ver con el servicio público, sin duda, tiene que ver con los servidores públicos, pero también tiene que ver con la iniciativa privada, por eso calificó de incorrectas las observaciones enviadas por el ejecutivo federal.
“Nosotros tenemos una redacción distinta y estamos convencidos de que la redacción puede mejorarse, no como lo plantea el presidente Peña Nieto que es obviar la redacción. No estamos de acuerdo con esta especie de autorregulación que se ha planteado en voz del Consejo Coordinador Empresarial, estamos convencidos de que el debate que tiene el Artículo 32, es un debate que tiene que ir mucho más allá” detalló el senador.
La bancada del Sol Azteca en el Senado propuso que en el Artículo 32, que están obligados a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, sean los servidores públicos y las personas morales que contraten a mediano y largo plazo, con entes públicos de la federación, de las entidades federativas y los municipios, la ejecución de obra pública, obra asociada a proyectos de infraestructura o de servicios públicos.
Por su parte, la senadora Dolores Padierna Luna, comentó en tribuna que el veto del Presidente al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades obedece a la presión de los grandes empresarios para quienes la ley sí se negocia, no como muestran en las nulas negociaciones con el magisterio.
“Sin embargo, a los empresarios, a las cúpulas oligárquicas que tienen derecho de picaporte con el propio Presidente, se les dice la ley sí se negocia, y entonces estamos aquí porque el Presidente de la república vetó una ley aprobada por el Congreso”, comentó.
En ese sentido, Padierna Luna aseveró que la redacción del artículo 32 no estaba dirigida a los beneficiarios de programas sociales ni a los becarios del Conacyt, como se ha querido dar a entender; así como tampoco considera a los medianos y pequeños empresarios.
“Aquí se trataba de poner en regla a los magnates que por sus acuerdos con el más alto poder político se llevan las más grandes tajadas del presupuesto público cada año”, subrayó.