Con el objetivo de respetar los derechos humanos de los mexicanos, el grupo parlamentario de morena en la Asamblea Legislativa solicitó al Congreso de la Unión analizar con extremo cuidado la Iniciativa de Ley de Seguridad Interior, pues parece dudoso, como afirman sus impulsores, que su propósito sea “preservar el orden constitucional, el Estado de
Derecho, los derechos humanos y garantizar el desarrollo de la población”.
El diputado Paulo César Martínez López, manifestó, ante la Diputación Permanente, que la bancada de morena ha reiterado su rechazo a la Iniciativa de Ley, toda vez que pudiera servir de pretexto para justificar operaciones armadas sin los correspondientes procedimientos judiciales.
Esta iniciativa es anticonstitucional, toda vez que la Ley de Seguridad Interior abre la puerta a ejércitos extranjeros, a la vez que impide el establecimiento de acuerdos interinstitucionales. De tal forma, agregó Paulo César Martínez, con la referida legislación se pretende otorgarle al ejército mexicano la facultad de brindar seguridad pública cuando esta facultad, agregó, corresponde a las policías federales, estatales y municipales.
Esta iniciativa de Ley, aseguró, es una grave amenaza a la ciudadanía, ya que, de aprobarse, los militares estarían facultados para inmiscuirse en cualquier acto que consideren ponga en peligro la seguridad pública. Es una ley, enfatizó el legislador de morena, permisiva y retrógrada porque justificaría la incidencia y permanencia de los militares en la calle.
Numerosos casos ilustran la inconveniencia de que el ejército salga a las calles, explicó Martínez López, por ejemplo, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, y el operativo de la Marina, en Nayarit, en el cual fueron masacrados 15 presuntos integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva el 9 de febrero de 2017. En el operativo, aseguran testigos, se encontraban presentes niños y jóvenes.
El legislador advirtió que, ante tales riesgos, la Ley de Seguridad Interior no debe ser aprobada sin antes llevarse a cabo foros de debate con la participación de expertos en la materia y, sobre todo, de la ciudadanía para que ésta tenga la oportunidad de conocerla y emitir su opinión al respecto.
En caso contrario, advirtió, se impondría una Ley que modificaría la realidad del país y podría conducirlo a la militarización.