El informe preliminar del Grupo de Trabajo plural de la Cámara de Diputados sobre el caso de Tlatlaya definió a las acciones letales como una “ejecución extrajudicial” y que la falta de una conclusión es a causa de la alteración de elementos y de la escena del crimen.
El documento entregado en la víspera ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), también establece que las 25 personas implicadas, 22 asesinadas y tres sobrevivientes, “son consideradas víctimas directas de diversos delitos y violaciones a derechos humanos. Por ende, los familiares de las 22 personas que fueron privadas de la vida pueden legal y legítimamente reclamar sus derechos a una reparación integral que corresponde en términos de la legislación penal, fiscal, victimal y demás aplicables”.
El Grupo de Trabajo plural se constituyó el 14 de octubre del año pasado, la Diputada Margarita Elena Tapia Fonllem del Partido de la Revolución Democrática asumió el cargo de coordinadora y fue con el fin de coadyuvar con las autoridades en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya el pasado 30 de junio.
En el informe también se indica que “el mayor impedimento para determinar las circunstancias de los homicidios se encuentra en la alteración de vestigios y del lugar de los delitos por parte de elementos militares y, presumiblemente, de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México”.
Los legisladores reconocen que las gestiones y las solicitudes de la Representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) “tuvieron un papel fundamental para que las autoridades federales reconocieran la posibilidad de actos delictivos por parte de elementos militares en los hechos”. También aceptaron que la intervención de esa oficina fue en beneficio de las víctimas y de llamados a efectuar una investigación adecuada.
Los diputados Miriam Cárdenas Cantú, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Alberto Díaz Trujillo, Margarita Elena Tapia Fonllem, Zuleyma Huidobro González, Loretta Ortiz Ahlf, René Ricardo Fujiwara Montelongo y Ernesto Núñez Aguilar establecieron que el hecho de que la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno del Estado de México aceptaron las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) significa que “el Estado reconoce la presencia de actos de tortura, intimidación y alteración de la escena del crimen cometidos por elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, los que se encuentran bajo investigación penal y administrativa en la jurisdicción del Estado de México”.
También reconocen las detenciones de los siete elementos militares implicados en los hechos, sin embargo, aseguran que no hay conocimiento de procesos contra elementos militares que acudieron posteriormente al enfrentamiento y aseguramiento de la bodega, que “de acuerdo a testimonios asentado por CNDH habrían podido participar o presenciar las ejecuciones extrajudiciales”.
El informe asegura que hasta el momento las medidas de reparación integral en beneficio de dos jóvenes que fueron recluidas recluidas hasta el 16 de diciembre en el Centro Federal de Readaptación Social de Tepic, Nayarit, no se han podido cumplir por diversos motivos de carácter administrativo, material y de falta de aceptación o comunicación de las víctimas, pero la colaboración entre diversas instituciones sigue en curso.
El Grupo de Trabajo asegura que las acciones de las autoridades en cuanto a investigación, sanción, reparación y prevención, derivadas de los señalamientos de la CNDH y de la OACNUDH, implican que el Estado sí asume la responsabilidad de los hechos.
Los diputados afirman que el caso es un hecho grave y paradigmático “que revela ciertos patrones de violaciones a derechos humanos que deben atenderse para su erradicación” y coinciden en que el esclarecimiento de los hechos “debe tener como consecuencia necesaria acciones por parte del Estado en su conjunto para la prevención, investigación, sanción y no repetición de las conductas violatorias de los derechos humanos”.
Finalmente entre sus pendientes aseguran que algunas instancias como la SEDENA y la PGR no han entregado ninguna “información documental”, pues sus aportaciones han sido verbales. Con el con el gobierno del Estado de México afirman que hubo contacto pero que no ha prosperado para sostener una reunión.
También aseguran que habrá una audiencia pública con “organizaciones de la sociedad civil para que aporten al Grupo de Trabajo elementos y propuestas sobre los hechos que está analizando, a fin de contar con una perspectiva informada y plural”.