Para algunas voces sorprende la lucha frontal del Gobierno del Estado de México contra la inseguridad y la pandemia social de la drogadicción. Pues no sólo se trata de medidas punitivas y de más cuerpos policiacos que incrementan los grados de corrupción de los malos servidores públicos y la baja participación de la sociedad civil. Se trata de implementar políticas públicas con rostro social que atiendan la prevención, procuración y la impartición de justicia como quedó de manifiesto con la puesta en marcha del primer Tribunal para el Tratamiento de Adicciones en Tecamac y que atenderá infracciones menores relacionados con el abuso de las drogas en nuestra entidad, por parte del Gobernador Eruviel Ávila y el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong hace unos días.
Para el gremio de la abogacía y para la sociedad civil preocupa el contexto de defensoría de oficio para quienes han delinquido con infracciones menores de los cuales no tenemos una radiografía numérica. Sin embargo y según datos de un estudio del CIDE sobre Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional en el DF y el Estado de México: “Tres de cada cuatro internos fueron defendidos por abogados de oficio. De ellos, dos de cada tres dijeron que sus abogados no les explicaron lo que ocurría durante el proceso y que no ofrecieron ninguna prueba para defenderlos. Es probable que un buen número de internos sean inocentes o hubieran podido obtener su libertad de haber contado con una defensa apropiada…, El robo de bienes de muy escaso valor continúa abarrotando las prisiones. Aproximadamente 40% de los internos están presos por robos menores o narcomenudeo de pequeñas cantidades… produce una acumulación de casos de poca relevancia, dispendio de recursos con poco rédito social y un deterioro constante y marcado en los servicios que brinda el sistema penitenciario…El sistema de impartición de justicia captura fundamentalmente pobres y marginados”.
La sociedad civil, funcionarios públicos de prevención y procuración, jueces, académicos y los sectores en general, debemos sumarnos a la loable tarea de la prevención del uso de las drogas desde el recate de nuestros espacios públicos; de apuntalar los valores y principios familiares; fomentar la cultura de la denuncia; coadyuvar contra la violencia familiar, en nuestros centros de trabajo y en especial en las escuelas con el fenómeno del “acoso escolar”. Pero fundamentalmente conocer y difundir desde la familia las medidas sobre la prevención del uso de las drogas entre la población infantil y juvenil que los niveles de gobierno han implementado.
No se debe instalar en la conciencia social que no podemos hacer nada por el tema, sino todo lo contrario, pues el haber puesto en marcha del primer Tribunal para el Tratamiento de Adicciones en Tecamac y para el Edomex. Es un paso fundamental para reconocer que la drogadicción es una enfermedad social.
Para muchos, la pobreza es sinónimo de delincuencia, sin embargo y en otra entrega acotaremos que no es directamente proporcional dicho argumento. Si bien con dicho Tribunal se busca terapéuticamente apoyar a los que delinquen (infracciones menores) bajo el influjo de las drogas, también es una oportunidad para valorar el trabajo de todos los sectores de la sociedad mexiquense y sumarnos a la cultura de la prevención.
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