A pesar de que en meses anteriores el gobiermo del Distrito Federal se ha pronunciado como defesor de las clases desprotegidas y de cuidar los intereses de los que menos tienen, hoy por hoy la situacion se ha transformado y parece ser que el gobierno va en contra de la ciudadania.
Apenas un ejemplo es cruda realidad que padecen los habitantes de predios como el de Versalles 84 y Liverpool 9, entre otros, los cuales se encuentran en situaciones de litigio pues no hay un dueño, es decir, estan intestados.
En el caso del inmueble Roma fue desalojado sin haber respetado la garantía de audiencia de los habitantes, pues, se empleo un uso excesivo de la fuerza policíaca (más de cuatrocientos granaderos) para retirar a 33 familias que llevaban habitando dicho predio por más de 15 años.
Esta situación deja ver que la corrupción y la impunidad cobijan a estos invasores, que pretenden eliminar a los locales bajo la nueva bandera llamada "gentrificación", violando todo estado de derecho por el interés de un particular.
Estos hechos se están reflejando en el predio de Abraham González 127 y Turín 36, ya que los comercios allí establecidos están siendo amenazados.
Es una clara muestra del poder casi supremo que le han dado los jueces al sedicente funcionario Luis Rodrigo Rivero Borrell Wheatley, el cual poniendo como frente la fundacion El Hogar Del Ciego I.A.P. supuestamente para luchar por sus interese , pero resulta que es todo lo contrario.
Pero eso no es todo, el empleado de gobierno de marras, o sea, Borrell Wheatley, se hace acompañar de un sequito de testaferros o licenciados, como es el caso de Jorge Villatoro Robledo y de un nutrido grupo de guardias de seguridad llamado GARE, para desalojar a los vecinos que supuestamente deben rentas.
Es por eso que se le ha pedido al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, intervenga para poner un coto total a tantas arbitrariedades y latrocinios que esta cometiendo Borrell e incondicionales, amparándose en la concesión heredada por el gobierno para remosar los inmuebles.
Hacemos eco a los pronunciamientos que hizo el jefe de gobierno del Distrito Federal, ante la prensa aquel 31 de enero de 2014 en los siguientes términos: “No estamos en desacuerdo con todo lo que sea una actividad lícita, (pero) donde habrá una reacción enérgica es en aquello que vaya a afectar a las personas o bienes, ya sea de la ciudad o de los particulares”. Aseveró el funcioanrio al ser cuestionado sobre el intento de desalojo de los moradores del edificio Gaona, ubicado en Bucareli 88, de la delegación Cuauhtémoc.
Tal parece que aquella declaración fue una invitación para que los empresarios inmobiliarios hicieran desalojos arbitrarios, abusivos y al margen del estado derecho sin que a la fecha ocurra nada, pues incluso llevan el sello del gobierno al facilitar el despliegue de su fuerza pública.
Un claro ejemplo de la ilicitud con la que se conducen estos deshonestos actores es por ejemplo el juicio seguido ante el juzgado sexagésimo noveno (69) civil del Distrito Federal en el que sería interesante que el juez informara a la opinión pública porque no hizo la denuncia ante el ministerio público local por fraude procesal contra el actor Humberto Castejón Pérez y su abogado Lic. Antonio Rosales Barrios y el actuario adscrito a dicho juzgado
También sería interesante conocer cómo es que abrieron el departamento 24 sin que hubiera nadie en su interior, así lo habrá ordenado el juez decimo sexto (16) civil del Distrito Federal, finalmente que razones tuvo el juez decimo cuarto (14) civil para desalojar a un anciano adulto mayor con abuso en el uso de la fuerza pública.