El Jefe Delegacional Pablo Moctezuma Barragán acudirá junto a un grupo de vecinos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (SEDUVI) para solicitar la verificación de la construcción de un desarrollo
inmobiliario, en el predio conocido como “La Parisina”, ubicado en Grijlalva No. 124, Santiago Ahuizotla pueblo, que presenta varias irregularidades e impactará negativamente a más de 10 mil vecinos de la zona.
La obra traerá desabasto de agua, concentraciones de desechos, saturación del tránsito local e impacto ambiental irreversible serán algunos de los problemas que se suscitarán en caso de concretarse la obra, con un incremento en la población del lugar de más de 5 mil habitantes nuevos que requerirán dichos servicios, colapsando la zona, de acuerdo a información.
En una asamblea abierta, el titular de la demarcación informó a los habitantes de este pueblo originario, así como de San Pedro Xalpa, San Antonio y San Miguel Amantla, los resultados de la investigación jurídica que realizó el gobierno delegacional sobre la edificación de mil 600 departamentos, por lo que decidieron acudir a la dependencia central el jueves 12 de noviembre.
“Venimos a informarles los resultados de nuestra investigación y encontramos que los permisos los autorizó la SEDUVI y como delegación lo que ofrecemos son dos alternativas: demandar a la autoridad en un juicio de lesividad e ir a esta dependencia a solicitar una investigación para la obra; yo los acompañaré personalmente”, dijo Moctezuma Barragán ante más de 100 afectados que se mantienen en alerta permanente a la entrada principal de la obra.
Los permisos de construcción fueron otorgados desde 2011, pero tienen varias anomalías como un par de lonas informativas que lucen a las afueras del predio, con ubicación en la colonia “Pueblo San Pedro Xalpa”, cuando se encuentra ubicado en Santiago Ahuizotla, uno de los 27 pueblos originarios protegidos por la declaratoria del Gobierno del Distrito Federal realizada el año pasado y ratificada en septiembre de este año.
Aunque por el momento hay una clausura simbólica por parte de los habitantes del lugar, el gobierno local sugirió a los vecinos demandar a la autoridad delegacional en un juicio de lesividad, para solicitar la detención de la obra de forma jurídica y con la intervención del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA).