A fin de contribuir a la localización y vinculación de personas a través de la entrega de una pulsera o accesorio que contiene un código de identificación individual y números telefónicos de reporte, la diputada Elizabeth Mateos Hernández, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa por la cual se impulsa la creación de la Ley del Sistema de Alerta Social de la Ciudad de México.
Durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Mateos Hernández dijo que el objetivo es atender situaciones de emergencia, desaparición o extravío y salvaguardar la integridad de niñas, niños, adolescentes, mujeres, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, de integrantes de comunidades indígenas y personas en situación de calle.
La legisladora mencionó que existen organismos encargados de revisar asuntos relacionados con personas extraviadas, como es el caso de Locatel y el Programa Nacional Alerta Amber para el caso de niñas y niños desaparecidos, con el que se busca recuperar a menores de edad extraviados o sustraídos.
Asimismo, puntualizó que la herramienta de Alerta Plateada es un programa que permite encontrar a adultos mayores desaparecidos, ya que 4 mil 500 se extravían al año.
Por lo antes expuesto, aseveró que este Sistema de Alerta Social de la Ciudad de México permitirá generar coordinación interinstitucional con la Secretaría de Desarrollo Social y la intervención de las secretarías de Seguridad Pública y la de Salud, la Procuraduría General de Justicia, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, Locatel y el Consejo Ciudadano.
Al hacer uso de la palabra, el legislador José Alfonso Suárez Real, de Morena, se suscribió a esta iniciativa, la cual fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis.
Evitar uso de popotes
Con el objetivo de evitar el uso de popotes en restaurantes y establecimientos mercantiles, ya que son productos nocivos para la salud y medio ambiente, el diputado Néstor Núñez López, de Morena, presentó una iniciativa a fin de adicionar el Artículo 11 Bis a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.
Núñez López destacó que con esta propuesta se pretende resguardar y erradicar el impacto ecológico que producen causando daños irreversibles al medio ambiente. Por ello la modificación a la norma quedaría como sigue:
Artículo 11 bis.- Queda prohibido a los titulares y/o sus dependientes, ofrecer, entregar o suministrar popotes plásticos, salvo que éstos sean expresamente solicitados por los consumidores de los establecimientos mercantiles.
En México se desechan aproximadamente 10 mil toneladas de plásticos diariamente, debido a que 95 por ciento de los popotes que se utilizan en restaurantes y establecimientos mercantiles diversos, no son reciclables.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que de las 86 mil 343 toneladas de basura que se producen diariamente, 10 mil 350 son de origen plástico y cada año se arrojan al mar 20 millones de toneladas resultantes de rellenos sanitarios derivados de actividades turísticas.
El plástico de los popotes es conocido como polipropileno, material elaborado con petróleo y utilizados por los consumidores una sola vez. En ese sentido, resaltó que los popotes tardan en desintegrarse entre 100 y 500 años y su vida útil es únicamente de 30 minutos.
A pesar de los altos niveles de contaminación ambiental que producen, se estima que una persona consume aproximadamente 38 mil popotes en su vida, es decir, un promedio de 1.6 sorbetes por individuo al día.
“Estos productos son necesarios únicamente para los enfermos o internos en hospitales que batallan para poder consumir bebidas, o en su caso, para personas con discapacidades físicas. El número de sorbetes utilizados en establecimientos mercantiles terminan su vida útil en rellenos sanitarios, mientras que el resto es arrastrado por el medio ambiente contaminando suelos, ríos y mares de diversas ciudades”, dijo el legislador.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio climático para sus análisis.