Necesario un nuevo modelo de protección social que permita al Gobierno del Distrito Federal (GDF), actuar eficaz y democráticamente para abatir la pobreza y la desigualdad que existen en las ciudades mexicanas, ya que muchos de los programas actuales operan de manera ineficaz.
Alicia Ziccardi, directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que el inmenso número de estas iniciativas revela una gran ineficacia en su operación.
Algunos, dijo, se superponen y, en general, presentan poca relación entre los objetivos que se persiguen, el apoyo financiero que reciben y los resultados que obtienen.
A nivel nacional existen más de dos mil, y para el Distrito Federal (la tercera entidad con mayor número de estos planes), hay 190 programas.
La integrante de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), dijo lo anterior durante su ponencia en el Congreso Pobreza y Desigualdad Social.
La pobreza es el más grave problema que enfrenta nuestro país, y a pesar de los múltiples esfuerzos realizados para que millones de mexicanos mejoren su calidad de vida, esta cede terreno muy lentamente.
Consideró que todos los programas sociales debieran ser profunda, sistemática y críticamente evaluados, tanto desde la perspectiva de la concepción social de la pobreza que subyace en cada uno, como desde una perspectiva operativa.
La finalidad es construir las bases de un nuevo modelo de protección social integral que permita que las instituciones gubernamentales actúen eficaz y democráticamente para abatir los elevados niveles de pobreza y desigualdad que existen en las ciudades mexicanas.
Ziccardi puso de ejemplo, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, el cual tiene como objetivos la creación de capacidades y el acceso a bienes y servicios básicos.
Años atrás este programa solo operaba en el medio rural, pero cada vez más incide en las ciudades, por lo que también ha sido parte de su estudio. Su cobertura de atención por tamaño de asentamiento es de 62 por ciento en localidades rurales, 17 por ciento en localidades semiurbanas y 21 por ciento en localidades urbanas.
También habló del Programa Hábitat, el principal a nivel federal que privilegia la dimensión urbana, está destinado a la creación de infraestructura social para mejorar la situación de quienes viven en condiciones precarias, así como reconstruir el tejido social para abatir los altos niveles de inseguridad.
En el Distrito Federal, uno de los programas más relevantes es el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, cuyo principal objetivo es el mejoramiento de barrios, pueblos y colonias mediante el rescate de espacios públicos degradados o la construcción donde no los haya.
Uno de los problemas que ha detectado la especialista en sus estudios, es que mientras el Programa Oportunidades casi duplicó sus recursos en el último sexenio, de 37 mil millones de pesos en 2007 a 66 mil millones en 2011, y no logró disminuir o frenar la pobreza.
El programa Hábitat ha dispuesto de recursos mínimos para atender a las 360 ciudades del sistema nacional urbano, de dos mil millones de pesos en 2007 y al máximo registrado de tres mil 600 millones de pesos en 2011.
Más aún, “los recursos provenientes del gobierno federal deberían de ser complementados con los de los gobiernos locales, lo cual es prácticamente inexistente”, aseguró Ziccardi.
En cuanto al Programa de Mejoramiento Barrial, éste apoyó 49 proyectos en 2007 y fue en aumento cada año hasta llegar a los 213 proyectos aprobados en 2011.
“A pesar del éxito que ha tenido el programa respecto a la convivencia y la vida en general de la gente, éste no ha tenido los recursos suficientes, y por el contrario, ha habido años donde los recursos han disminuido hasta la mitad”.
“No debería importar cuál es el color político del gobierno que lleva a cabo los programas, sino que realmente sean efectivas para los objetivos que persiguen. En este sentido, creo que se debiera hacer una labor para garantizar que estén blindados a las dinámicas políticas que existen en los ámbitos de decisión de los recursos públicos”.
Edmundo Olivares Alcalá