Criminalidad: desbordada e incomprendida

LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA:

"Su estulticia radica en no querer aprender": Anónimo

A veces, cuando empiezo a revisar las primeras planas de los diarios, me dan ganas investigar cuál es el planeta en el que ya varios magnates de diversos países han comenzado a buscar escape… Con un pequeño crédito que alguno de ellos me hiciera, pagadero ya en el destino determinado, me daría por liberado de todas las amenazan con estallar en cualquier momento… Hoy, usted, Rosa Icela, y muchos otros mexicanos, nos desayunamos con la foto de unos estudiantes refugiándose en el piso de su salón de clases, porque el Cártel Jalisco Nueva Generación tuvo a bien lanzar explosivos en Culiacán, Sinaloa.  (Reforma).

O que los artesanos de Paracho ya no venden sus famosas guitarras, porque su municipio se pelea los primeros lugares de inseguridad en Michoacán y eso ya es decir mucho (El Universal). Luego está el asesinato de 10 personas en bares de Celaya, Guanajuato (La Jornada)...

No obstante, usted, doña Icela, nos cuenta que los delitos del fuero federal disminuyeron 28 por ciento; claro, su comparación es con 2018 y no con los años más violentos que hemos vivido (2019 a 2021). El juego de las cifras frente a la cruda realidad.

Lo cierto es que en los primeros tres años del actual gobierno, la delincuencia común y la organizada se han desbordado. Y a la población no nos resulta relevante si el crimen es clasificado como federal o local, lo que nos importa es vivir tranquilos.

Mire: de 2019 a 2021 se registraron 15 por ciento más homicidios dolosos que en el trienio anterior. Y no es que ahora sean más notorios los feminicidios porque se dan a conocer; son más notorios porque ahora son muchos más. Por cierto, avísele por favor a su jefe que los feminicidios se contabilizan desde el sexenio de Calderón.

Algo no está funcionando en la estrategia para combatir a la delincuencia y por ello, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), se dio a la tarea de investigar cuáles son los principales obstáculos. A partir de datos oficiales de distintas dependencias, el ONC realizó el reporte “Tres años sin Gobernabilidad. Sin resultados, ni rumbo fijo en seguridad”. Los datos son demoledores y retratan el estilo particular de gobernar de la 4T: cero consistencia y mucha superficialidad.

El problema de entrada es que los programas del Plan Sectorial de Seguridad Ciudadana no cuentan con objetivos claros, ni metas concretas. Es más, no cuadra con el Plan Nacional de Desarrollo.

El reporte es muy extenso, por lo que me referiré a un solo aspecto de los muchos que aborda.

Existe la creencia ya extendida de que una comunidad pobre, donde faltan la educación y las oportunidades, tiene una alta probabilidad de que muchos de sus miembros caigan en la delincuencia, y de ahí que la 4T destine una gran cantidad de recursos a sus programas sociales a los pobres.

Por lo menos en México no es así de lineal el asunto. Aquí la delincuencia es un fenómeno -o pesadilla- multifactorial.

Aquí le recuerdo algunos datos: Baja California tiene 22 por ciento de su población en condiciones de pobreza, pero ocupa el segundo lugar nacional en homicidios dolosos, con 5.1 casos por cada 100 mil habitantes. Yucatán, entidad con la mitad de su población en pobreza, apenas tiene 0.22 homicidios por cada 100 mil habitantes. Oaxaca y Chiapas también tienen tasas muy bajas.

¿Qué nos dicen estas cifras? Que “la comisión de delitos debe estudiarse a partir de sus causas, las formas de evitarlo y el origen y la forma de actuar de las personas que lo cometen. (…) La pobreza es uno de los factores de riesgo, pero no es el único.”

Para verdaderamente prevenir la delincuencia -que es lo que los programas sociales pretenden- deben tomarse en cuenta muchos otros factores como el abuso de drogas; ambientes familiares deteriorados; deserción escolar; capital social debilitado y participación ciudadana incipiente; entornos de ilegalidad; insuficiencia de espacios públicos; marginación y exclusión social.

Lo anterior nos demuestra lo coja que está la aproximación gubernamental hacia el delito. Y peor se la voy a poner: la implementación de los programas sociales es todavía más deficiente para combatir el binomio pobreza-delincuencia.

El ONC demuestra, a partir de cifras oficiales, que “al contrastar la ubicación de los centros de trabajo (de Jóvenes Construyendo el Futuro) en los 23 municipios con más presencia de beneficiarios del programa, ninguno resultó entre las zonas del país con mayores índices de desempleo, ni la mayor población de jóvenes que no estudian ni trabajan.”

¿Alguna vez rectificará sus errores la 4T? Lo dudo.

Y todavía faltan tres años…

Investigación: Upa Ruiz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

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