DR. ARTURO ZALDÍVAR,PRESIDENTE DE LA SCJN:
"El compromiso es un acto, no una palabra": Jean Paul Satre
Desde luego, usted ya está enterado de que el juez Primero de Distrito en Yucatán concedió la suspensión definitiva relativa a la construcción del Tramo 5 (T5) del Tren Maya, debido a que FONATUR no ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la obra tiene en la segunda zona más rica en biodiversidad en América Latina.
El amparo fue promovido por Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C., un organismo de la sociedad civil, creado en 2017; nótese, antes de que la 4T llegara al poder. Entre sus logros están el Atlas de Riesgo Municipal de Quintana Roo y la protección legal de los manglares de la zona.
La MIA todavía está bajo revisión de SEMARNAT. No veo a ningún funcionario de la Secretaría, con un mínimo de ética profesional, avalando la construcción del T5, aduciendo que el daño es mitigable. Pero el terror al inquilino de Palacio es grande.
Cabe recordar que cuando expertos convocados por CONACYT realizaron un primer análisis de viabilidad, no encontraron la cuadratura al círculo en lo ambiental, lo arqueológico y lo social. Pero ya sabemos cómo se las gasta el gobierno de la 4T. Empezaron la obra a partir de una idea vaga, sin una análisis previo sobre cuál sería la ruta más conveniente para un desarrollo económico-social, sin llevarse entre las patas las reservas de biosfera y los vestigios arqueológicos.
Pero volvamos a lo legal. Suponiendo sin conceder que la evaluación de SEMARNAT indica que el daño ambiental es resarcible –lo cual sería una falacia-, FONATUR podría obtener el levantamiento de la suspensión de la obra, pero sólo mientras los ambientalistas acuden en segunda instancia al Colegiado para mantener la suspensión. Esta ruta legal tomará meses en llegar a su fin.
Durante este tiempo, el T5 deberá permanecer tal como quedó al momento en que la suspensión fue concedida y ya imagino la cólera de Palacio Nacional por el retraso en la obra. De continuar la obra con todo y suspensión, FONATUR y las empresas constructoras caerían en desacato, incurriendo en un delito. Aquí se enreda lo legal con lo político.
Dos preguntas quedan en el aire. La primera, si Andrés Manuel López Obrador será capaz de dar la orden de seguir adelante, violando así la suspensión; el pretexto –a todas luces ilegal- sería que la MIA ya “merito” está avalada. Y de ser así, cabe la segunda pregunta: si el Poder Judicial tendrá el valor de proceder en contra del director de FONATUR, Javier May, tan cercano a los afectos presidenciales.
De que a Quintana Roo y todo el sureste le hacen falta inversiones, ni duda cabe. Mire el apretado resumen que me hace Leslie Hendricks, candidata del PRI al gobierno del estado. “Los homicidios se han triplicado, la policía estatal no es suficiente y el narcotráfico ya nos hace parecer a Guerrero. Dependemos excesivamente del turismo, con un crecimiento sin planeación; por ejemplo, Tulum no tiene drenaje. El rezago educativo ni siquiera está medido y tenemos escasa cobertura de estudios superiores.”
El Tren Maya no augura ser el detonador que provoque una derrama económica suficiente para enfrentar la problemática quintanaroense. De acuerdo con el análisis de la Auditoría Superior de la Federación, su rentabilidad es dudosa.
Pero en Palacio Nacional no hay argumento sensato que valga. En la mañanera de ayer, AMLO calificó este grave caso de ser un “asunto politiquero (… de) pseudoambiealistas financidos por grandes empresas y gobiernos extranjeros”. Como siempre, el “compló” en su contra, sin dar nombres ni pruebas. Mire, ministro Zaldívar, nadie pretende “jorobar el ánimo” del presidente; lo que se desea es evitar el ecocidio.
¿Les temblará la mano a los jueces?
¿El Poder Judicial asumirá su obligación para con la sociedad y el país?
Es tanto lo que está en juego…
Leopoldo Mendívil