LIC. ROBERTO SALCEDO AQUINO, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:
"La transparencia genera legitimidad": John C. Maxwell
Hace una semana, la Secretaría de Hacienda anunció que el sistema de compras gubernamentales, COMPRANET, se suspendía temporalmente. La versión oficial indica que “se detectaron fallas técnicas”. El arreglo no será sencillo, pues los servidores que alojan la plataforma ya no existen en el mercado y los nuevos equipos llegarán el 15 de agosto.
Resulta extraño el evento, pues por lo menos en 2018 y luego en 2020, estudios internacionales ya habían detectado que la arquitectura del portal presentaba limitaciones para el volumen de datos que maneja.
Permítame, don Roberto, explicar a nuestros lectores por qué es importante COMPRANET:
Es un portal creado en 1996, donde 260 instituciones públicas suben sus licitaciones o convocatorias a proveedores por la adquisición de bienes y servicios, así como de arrendamientos, mismas que incluyen las bases o términos de referencia. Después, COMPRANET publica qué empresas participaron en la licitación, quiénes cumplieron con los requisitos, cuál fue su cotización y quién fue la ganadora.
En una primera instancia parecería que COMPRANET, a través de la tecnología, simplemente hizo más expedito un aburridísimo proceso de adquisiciones. Lo cierto es que se trata de un mecanismo sustantivo en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, respecto del manejo de los recursos públicos.
Pero... Siempre hay un pero. En redes sociales corre otra versión sobre la caída de COMPRANET:
Al parecer, funcionarios encargados de la operación del sistema encontraron la forma de manipular los datos, de tal suerte que habrían podido inclinar una licitación a favor de un determinado participante. Así que la suspensión habría sido motivada por una auditoría forense para detectar hasta dónde llegó la manipulación.
Sean fallas técnicas o el descubrimiento de una mafia, en mal momento para la 4T ocurre la caída de COMPRANET, pues abona a la falta de transparencia que la ha caracterizado en su manejo de los recursos públicos.
Bajo el dogma de que “ya no es como antes”, cuando menos la mitad de los contratos del gobierno celebrados en 2020 y 2021, fueron adjudicaciones directas a un proveedor sin que mediara un concurso o licitación, según datos de Mexicanos contra la Corrupción y la Auditoría Superior de la Federación.
Las dependencias que hacen asignaciones directas suben al portal de COMPRANET los contratos, pero no hay manera de corroborar si se obtuvo la mejor calidad y el mejor precio. El alto volumen de adjudicaciones directas ha contravenido la meta impuesta por la dependencia a su cargo, en el sentido de que un máximo del 20 por ciento de las contrataciones se hiciera en esta modalidad.
Tal vez la muestra más grande de opacidad fue el decreto presidencial emitido el pasado noviembre, mediante el cual las obras federales de infraestructura se consideran de seguridad nacional (DOF: 22/11/2021). Evidentemente, muy pocas caen en este supuesto, pero el pretexto fue “agilizar los trámites”.
Dicho decreto escaló la opacidad a otro nivel, señor secretario, porque “seguridad nacional” implica que todo manejo presupuestal queda bajo reserva. Y estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos que nadie sabe en qué y cómo se gastan.
Juristas han expresado que el decreto es violatorio de varios preceptos legales, como el principio constitucional de libre competencia y las leyes de Adquisiciones, de Obras Públicas y de Acceso a la Información. Y dicho sea de paso, no alcanza a facultar al Poder Ejecutivo para brincárselas.
Así las cosas, no es de extrañar que en el Índice de Percepción de la Corrupción, México siga en el lugar 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional, con apenas 30 puntos sobre 100.
Colaboró: Upa Ruiz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
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