LIC. ALEJANDRO ENCINAS, SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS:
"Los pueblos a quienes no se hace justicia, tarde o temprano la toman por sí mismos": Voltaire
El día de ayer, en este mismo espacio, plantee algunas de mis dudas sobre el informe presentado por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) sobre el caso Ayotzinapa. Retomo el tema, porque, al día de hoy, tengo más.
Primero, debo reconocer que, al preparar mi texto de ayer, supuse que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por lo menos conocía el reporte presentado por la CoVAJ. Me parecía algo obvio, pero resulta no fue así:
En un comunicado de fecha 21 de agosto, el GIEI indica que no participó en la redacción del informe, enterándose del contenido al mismo tiempo que todo el mundo; más todavía, dicho informe alude a informaciones y pruebas que el Grupo no ha valorado, como sería el caso de “las capturas de pantalla. Tampoco -continúa el comunicado- hemos accedido aún a los peritajes que practicaron sobre los mismos.”
¿Por qué no se facilitó al GIEI la información, si analizarla era su propósito?
Como mencioné ayer, el hecho de que la Comisión dejara el móvil de la masacre en un segundo plano le imprime un sesgo a su reporte, máxime que éste plantea tres hipótesis del caso, “no necesariamente excluyentes” (página 54). Me resultan plausibles dos; la primera refiere que Guerreros Unidos (GU) podría haber “identificado a alguien con posibles vínculos con un grupo contrario” dentro de los jóvenes estudiantes, lo cual hace sentido con la tercera hipótesis que indica que “el quinto camión contenía mercancía (droga) perteneciente a GU”. Esto explicaría la furia de los narcos y el desarrollo de la masacre. Nada de esto es nuevo y formaba parte de la verdad histórica.
No me cuadra la segunda hipótesis, ¿pues de cuándo acá las bandas de narcos se trasladan en autobuses de línea y sin armas, aunque vayan acompañados de camionetas, como fue el caso…?
Me surge otra interrogante. Si el GIEI todavía no había señalado a ningún presunto responsable, no entiendo por qué la CoVAJ hace imputaciones a ciertos funcionarios federales y estatales. En concreto, basa su acusación en una reunión en la que supuestamente se habría empezado a “urdir” la verdad histórica.
De entrada, ninguna reunión con tan aviesas intenciones tiene 33 participantes. Ahora bien, en un caso como el de Ayotzinapa no sería de extrañar que se diera una reunión con funcionarios estatales y federales para efectos de coordinación de la investigación. Si hubo encubrimiento, sería en otro momento.
Por lo que hace a la acusación contra el ex procurador general, Jesús Murillo Karam, se podrá caer por lo menos en los cargos de tortura y desaparición forzada, aunque son muy útiles para estigmatizar con antelación al presunto culpable y mantenerlo en prisión preventiva.
En cuanto al delito de encubrimiento atribuido a Murillo, en el capítulo “La ‘verdad histórica’: una acción concertada desde el aparato organizado del poder” (página 84), el reporte señala como responsables (nada de presuntos) a varios funcionarios de la PGR, empezando por el exprocurador. Luego sigue con la lista de “los enlaces operativos para desarrollar la investigación” por parte de SEMAR, CISEN, autoridades de Guerrero y militares en la zona. O sea, ¿todos, todos estuvieron coludidos…?
La Comisión alega que en la verdad histórica “prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones”. Pero en el cuadro donde se contrasta la verdad histórica con la actual, el reporte amplía la información sobre los hechos, pero no los contradice. En todo caso, lo relevante sería que no todos los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, pero este hecho no altera el fondo de la masacre, en cuanto al móvil o los perpetradores.
Como he expresado en varias ocasiones, yo no meto la mano al fuego por ningún político, pero sí me resulta preocupante que la CoVAJ tenga bases tan endebles. Espero que las imputaciones hechas al 27º Batallón sean más convincentes; sobre las de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, me espero a leer los anexos del informe.
La herida de Ayotzinapa tiene que cerrar, por el bien de los padres, de la sociedad y de la crediblidad en la Justicia en un país que se cae a pedazos por éste y muchos otros motivos.
Leopoldo Mendívil
Colaboró: Upa Ruiz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
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