CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ”, A.C.:
"El amor a la justicia es el temor a padecer la injusticia ": François De la Rochefoucald
Hoy miércoles se decidirá si el general José Rodríguez Pérez, permanece en la cárcel para enfrentar proceso por su vinculación al caso Ayotizinapa, o es dejado en libertad. Rodríguez, con grado de coronel, fue comandante del 27º Batallón de Infantería con sede en Iguala, cuando terribles hechos en los que desaparecieron 43 normalistas. Y por lo que se difundió oficialmente y por lo que afirman los abogados defensores, la cosa se ve muy complicada para la Justicia, así con mayúscula.
Como ustedes recordarán, el subsecretario Alejandro Encinas rindió el pasado agosto el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) del Caso Ayotzinapa. A decir de Encinas, de las indagatorias se derivarían 20 órdenes de aprehensión contra elementos militares; sin embargo, a la fecha solo se han cumplimentado cuatro, una de ellas en contra del general Rodríguez.
Aquí es donde empiezan las contradicciones, según se colige de la magnífica entrevista hecha por Manuel Feregrino en el noticiero “Ciro Gómez Leyva por la Mañana” el día de ayer, a los abogados defensores de los militares Alejandro Robledo y César Omar González. Espero que la hayan escuchado.
Vayamos por partes. El propio Encinas declaró a los medios que “se presume que seis estudiantes fueron mantenidos con vida durante cuatro días y luego ultimados por órdenes del ‘coronel’, presuntamente el coronel Rodríguez.” A decir de los abogados, la actuación de Encinas viola el debido proceso en dos sentidos: desconoce la presunción de inocencia de Rodríguez y también está asumiendo el papel de Ministerio Público, para el cual no tiene atribuciones (Artículo 21 Constitucional).
Además, ahora resulta que la orden de aprehensión contra Rodríguez es solo por delincuencia organizada, mas no incluye la desaparición forzada, que es de lo que inicialmente Encinas lo acusó. A los otros tres militares sí se les imputaron ambos delitos.
Otra de las fallas en el proceso es que los abogados no han visto el expediente completo, pues el juez segundo de Distrito, Enrique Beltrán, se los negó argumentando que “está en sigilo”. El pretexto del juzgador es absurdo, pues el sigilo se rompió desde el momento en que el general se presentó voluntarimente para su detención.
La revisión del expediente es indispensable no solo para la defensa, sino para todos y explico por qué. “El Gil”, confeso de pertenecer a Guerreros Unidos y acogido a la figura de testigo de oportunidad, es el único que señala a Rodríguez de haber cometido los dos delitos; hasta donde se leyó a los abogados pequeñas partes de la acusación, no hay ninguna prueba o más testigos que así lo corroboren. Dicho sea de paso, “El Gil” ahora está libre.
Tengo la mejor opinión de Alejandro Encinas como un hombre congruente con sus convicciones de izquierda, conciliador e inteligente. No entiendo cómo se fue de largo en su actuación como titular de la CoVAJ, pues no se necesita ser abogado para saber que estaría descarrilando el proceso en contra de los militares. No tengo ninguna opinión sobre el general, más allá de que tiene una hoja de servicios de 44 años.
Ustedes, que desde el Centro ProDH han seguido el caso, seguramente tienen más información sobre una parte de la trágica historia y sobre la cual yo tengo dudas.
En algún momento de la noche de Iguala, la policía municipal presuntamente atacó a algunos de los jóvenes en la esquina de Periférico y calle Juan N. Álvarez; y a 20 de ellos se los llevaron detenidos a una suerte de bodega policial. Al parecer, hasta ahí llega una patrulla militar.
Ulisés Bernabé, el encargado de dicho local, siempre negó la presencia de los estudiantes, mientras que otros dos testigos de oportunidad dicen que sí estuvieron ahí. Bernabé ahora tiene asilo político en Estados Unidos.
Me preocupa el manejo del caso Ayotzinapa y me temo que el resultado del proceso dejará muchos insatisfechos.
Si la detención del general Rodríguez y los otros tres militares fue una jugada del gobierno para demostrar que no da todo su amor al Ejército, pues a este último no le estará haciendo la menor gracia.
Si la violación al debido proceso se está haciendo por ignorancia -¿o intencionadamente?- resulta pésimo, pues los militares quedarán libres y nunca sabremos si son culpables o inocentes.
Y todo esto ocurre cuando se discute la prórroga a la permanencia militar en las calles para tareas de seguridad…
Leopoldo Mendívil
Colaboró: Upa Ruiz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
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