LIC. LUISA MARÍA ALCALDE, SECRETARIA DE GOBERNACIÓN:
"En Michoacán sí hay ley, la ley de los cárteles": Entrevista a michoacano, Gatopardo
Mientras Claudia Sheinbaum hablaba en Maravatío, Michoacán, sobre los derechos y pensiones para las mujeres, los ahí congregados el sábado pasado, tenían un solo clamor: “¡Seguridad!, ¡Seguridad!”
La petición no era ociosa. Hace dos semanas, dos aspirantes a la presidencia municipal de esa localidad fueron asesinados el mismo día. No obstante, la doctora Sheinbaum reiteró que tendremos unos comicios pacíficos (¡gulp!) y que esos hechos delictivos son casos aislados (¡¡doble gulp!!), sobre los cuales se “están tomando cartas en el asunto”.
¿Cuáles cartas? Por lo pronto, arropar la visita de la candidata morenista. Un día antes de la llegada de doña Claudia, el presidente abandonó su atrincherado domiclio para realizar su mañanara desde Morelia. Coincidencias de agenda, no sea usted mal pensada.
En la mañanera, el titular de SEDENA presentó una numeralia impresionante sobre el esfuerzo del gobierno federal para la pacificación de Michoacán: 27 mil efectivos sumando los de SEMAR, Guardia Nacional, Ejército y policías locales; establecimiento de 13 coordinaciones para la GN y 29 instalaciones.
Y ni así pueden…
Como usted sabe, doña María Luisa, ahora el crimen organizado (CO) ataca a las fuerzas del orden con drones cargados de explosivos y minas antipersonales, mientras que SEDENA apenas está pensando en la compra de más tecnología de defensa.
Desde dos décadas, Michoacán no supera la violencia y la expoliación del crimen organizado. Fue el entonces gobernador de la entidad, Lázaro Cárdenas Batel, quien pidió ayuda al presidente Felipe Calderón, por la fuerza territorial de Los Zetas y Los Valencia, los cuales después cedieron la primacía a La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
Luego vino el Plan Michoacán, durante la administración peñista, el cual trajo resultados ambivalentes. En un corto breve logró “el control de la seguridad pública en 27 de los municipios en conflicto y la desaparición de las policías locales, colocando a las fuerzas armadas federales como fiel de la balanza entre los grupos de autodefensa y los criminales” (Ornelas y Ramírez Gutiérrez, 2017). Asimismo, se dio el encarcelamiento del secretario de Gobierno, Jesús Reyna, y del hijo del gobernador, Rodrigo Vallejo, por su involucramiento con el narco.
Por su parte, las autodefensas lucharon contra el derecho de piso impuesto por el CO a los productores de aguacate, recuperar las propiedades confiscadas y, sobre todo, impedir que se atacaran a las familias. De inmeditao, el CO infiltró las autodefensas con sus propios sicarios.
Con el tiempo, las autodefensas se diluyeron al ser incorporadas a la policía local, mientras que otras se pasaron al otro bando. Lo único que no se diluyó fue el crimen organizado.
Se estima que actualmente hay 10 bandas locales, algunas con presencia en estado aledaños y otras más pequeñas, pero todas alineadas, ya sea al Cártel Jalisco Nueva Genración o al de Sinaloa.
Michocán, además del cultivo de enervantes y la producción de anfetaminas, es un punto importante para el tráfico de drogas hacia EUA. Cabe agregar que dispone de uno de los puertos marítimos más importantes, el “Lázaro Cárdenas”, a donde llegan los embarques de precursores para la producción de fentanilo.
En los últimos años, lo que ha exacerbado la situación de Michoacán es la ampliación del cobro por el derecho de piso. No se mueve un solo producto, desde que sale de los campos o las fábricas hasta que llega al consumidor sin pagar su cuota en cada etapa de la cadena productiva.
El actual gobernador, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, se conforma con recibir las denuncias; lo mismo que hicieron los mandatarios que le precedieron.
El CO no es el único factor de desestabilización en la enidad. La sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE-18) con frecuencia hace de las suyas, como en 2019 cuando tomó durante tres semanas las vías del tren que comunican con el puerto “Lázaro Cárdenas”, provocando pérdidas por 18 mil millones de pesos. Como nunca se utiliza la fuerza para su desalojo, en 2021 y 2023 repitieron el numerito para reclamar el pago de sus salarios. Hace justo una semana, la CNTE-18 tomó la sede de la Secretaría de Educación en protesta por el congelamiento de cuatro mil plazas congeladas y las condiciones de inseguridad para impartir clases.
Michoacán ha tenido (¿o sufrido?) gobiernos de los tres partidos, pero nada ha cambiado. Hace un año, 100 funcionarios estatales eran investigados por malos manejos presupuestales, pero ninguno por vínculos al CO, pese a que el Centro Nacional de Inteligencia tenía en la mira a 29 presidentes municipales (Guacamaya Leaks, 2021).
Con este contexto, no veo cómo Michoacán va a tener elecciones pacíficas.
En la misma situación de alto riesgo están Baja California, Chihuahua, Guerrero, Colima, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Sonora y Veracruz. Más lo que se acumule esta semana…
Pero no nos preocupemos, licenciada Alcalde, si la 4T dice que ya está tomando cartas en el asunto, así ha de ser…
Colaboró: Upa Ruiz
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