En un largo discurso ante una comitiva de la Asociación Internacional de Derecho Penal, Francisco lamentó el hacinamiento en las cárceles, criticó el abuso de la prisión preventiva y advirtió ante la “incitación a la venganza” como uno de los defectos de la procuración de justicia.
“Vivimos tiempos en los cuales, tanto de algunos sectores de la política como de parte de algunos medios de comunicación, se incita a la violencia y venganza, pública y privada, no sólo contra los responsables de haber cometido delitos, sino contra quienes recae la sospecha, fundada o no, de haber infringido la ley”, advirtió.
Aseguró que en la actualidad no sólo se buscan chivos expiatorios que paguen con su libertad y su vida por todos los males sociales, como era típico en las sociedades primitivas, sino que existe la tendencia a “construir deliberadamente enemigos y figuras estereotipadas”.
Sostuvo que los juristas tienen la “difícil tarea” de contener esas tendencias, mientras trabajan bajo la presión de los medios, de “algunos políticos sin escrúpulos” y de “los deseos de venganza” que se extienden en la sociedad.
Exhortó a abolir la pena de muerte y consideró “imposible imaginar” que hoy los Estados no puedan disponer de otros medios que no sean la pena capital para defender del agresor injusto la vida de las personas.
Asimismo, señaló que los Estados quitan la vida no sólo con la pena de muerte o con las guerras, sino también cuando los oficiales públicos “se refugian en las sombras de la potestad estatal para justificar sus crímenes”.
Aseguró que en muchos países existen las ejecuciones extrajudiciales o extralegales, que son hechas pasar como “producto de enfrentamientos con delincuentes” o de “las consecuencias indeseables del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para hacer aplicar la ley”.
Por eso constató que aunque la pena de muerte sea ilegal en la mayoría de los países, ilegalmente y en diversos grados, actualmente se aplica en todo el mundo.
Sostuvo que esas mismas ejecuciones extrajudiciales son perpetradas en forma sistemática no solamente por los Estados de la comunidad internacional, sino también por entidades no reconocidas como tales, y representan “auténticos crímenes”.
“Todos los hombres de buena voluntad están llamados a luchar no sólo contra la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal, y en todas sus formas, sino también para mejorar las condiciones carcelarias, en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad”, agregó.
Por otra parte, descalificó el “uso abusivo del encarcelamiento preventivo”, por tratarse de “una pena ilícita oculta” y afirmó que existen países donde el número de detenidos sin condena supera el 50%.
“El problema de los detenidos sin condena debe ser afrontado con la debida cautela, desde el momento que se corre el riesgo de crear otro problema tan grave como el primero, o peor: el de los reclusos sin juicio, condenados sin que se respeten las reglas del proceso”, dijo.
Además, cargó contra las “deplorables condiciones de detención” que se verifican en diversas partes del planeta y que constituyen, a menudo, un “auténtico trato inhumano y degradante”, muchas veces producto de las deficiencias del sistema penal.
Esto por la carencia de infraestructura y de planificación, mientras en no pocos casos no son otra cosa que el resultado de un ejercicio arbitrario y despiadado del poder sobre las personas privadas de la libertad, sostuvo.
Asimismo también incluyó como “una forma de tortura” la reclusión en las cárceles de máxima seguridad, donde los reos no pueden tener comunicación alguna y sus condiciones psíquicas se ven seriamente afectadas.
Sostuvo que no sólo en las cárceles de máxima seguridad, también en otras instituciones la tortura psíquica y física son una “práctica difundida” que llega a convertirse en un “plus de dolor” que se agrega a los males propios de la detención.