Desde principios del año hasta finales de abril, en sólo cuatro meses, 51 periodistas han sido asesinados en 20 países, frente a los 41 registrados durante el mismo periodo del año anterior, lo que representa un aumento del 24 % y un promedio de tres periodistas por semana, según las estadísticas de la PEC.
En un año, de mayo de 2014 a abril de 2015, 148 reporteros fueron asesinados.
"El deterioro de la situación se debe a dos razones principales: la intensificación de numerosos conflictos armados, en particular en Oriente Medio y países árabes (Siria, Irak, Yemen, Libia), así como en Ucrania; y el recurso de los grupos armados o terroristas de la violencia criminal premeditada", subrayó el secretario general de la PEC, Blaise Lempen.
Entre las 51 víctimas de este año, 21 han sido ocasionadas por extremistas islámicos, incluidos los ocho asesinatos en la sede del semanario francés Charlie Hebdo el 7 de enero pasado.
Asimismo, grupos terroristas lograron paralizar a los medios mediante ataques informáticos, como fue el caso de TV5 Monde, un fenómeno nuevo, resaltó Lempen.
"Los ataques contra Charlie Hebdo y TV5 Monde han demostrado que los conflictos en Oriente Medio pueden desbordarse hacia los países democráticos occidentales y poner en peligro la libertad de la prensa en todas partes del mundo", dijo.
Oriente Medio, donde 17 periodistas han sido asesinados, se mantiene como la región más peligrosa para el ejercicio de la profesión.
Libia se ha convertido en el país de mayor peligro, con ocho muertos. Le sigue Yemen con cuatro asesinados.
La situación ha mejorado en América Latina, sobre todo en México, Guatemala y Honduras, donde seis periodistas fueron asesinados desde que comenzó este año, de ellos tres en Guatemala.
La seguridad de los medios en Ucrania es también motivo de viva preocupación, habida cuenta que desde enero fueron asesinados cuatro periodistas. En tres casos, se trata de muertes deliberadas.
Con motivo del día de la Libertad de Prensa, la presidenta de la PEC, Hedayat Abdel Nabi, citada en el comunicado, pide a los gobiernos que pasen de las palabras a los actos para luchar contra la impunidad y reforzar los mecanismos de investigación, de control y de rendición de cuentas.