Un panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito –con sede en Nueva Orleans– rechazó permitir que entrara en efecto la propuesta presidencial en tanto que un juez federal con sede en Brownsville, Texas, decide sobre su constitucionalidad.
Quedan mientras tanto ‘en el limbo’ medio millón de personas en Texas, 50 mil de ellas en El Paso, quienes se beneficiarían del programa del Ejecutivo. También surge la duda de si Obama alcanzará a ver la aplicación de su decreto antes de que concluya su mandato.
La situación generó malestar entre activistas de derechos de inmigrantes y abogados especialistas en inmigración de El Paso, quienes coincidieron en que se trata de una “decisión desafortunada” por parte de los jueces, además de ser un ejemplo de “corrupción política”.
“Lo que debe de entender la comunidad es que no hay justicia en los Estados Unidos fuera de la política”, dijo el abogado paseño Carlos Spector.
Obama anunció en noviembre una orden ejecutiva –decreto– para evitar la deportación de jóvenes inmigrantes que fueron traídos a este país indocumentadamente siendo niños. El alivio migratorio también se extendería para proteger de ser deportados a algunos padres de ciudadanos norteamericanos y residentes legales.
Aunque el presidente argumentó que la falta de acción del Congreso lo orilló a realizar los cambios a través de un decreto, los republicanos consideraron que se extralimitó en sus atribuciones como jefe del Poder Ejecutivo.
Una coalición de 26 estados republicanos, liderada por Texas, entablaron una demanda en contra del “alivio migratorio”.
El juez federal de Distrito Andrew Hanen —con sede en Brownsville, Texas— ante cuya corte fue interpuesta la demanda, apoyó la solicitud de los estados y emitió una orden de suspensión temporal contra el decreto presidencial mientras emite un fall final.
La Casa Blanca apeló esta decisión y le pidió a un panel de tres jueces de la Quinta Corte de Circuito de Apelaciones que permitiera la operación de las provisiones establecidas por Obama.
Ahora, el Poder Ejecutivo anunció que apelará de nuevo la decisión tomada el martes por los tres jueces de Nueva Orleans.
Seguir luchando
“Aún no se da la decisión más importante, aun no se define el caso legalmente, debemos de esperar y seguir luchando para que la decisión sea a favor de los inmigrantes. Esto aún continua”, dijo Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés).
La decisión de la Corte de Apelaciones, se dio en un texto de más de 68 páginas en donde se exponían las opiniones de los involucrados, así como el recuento de las acciones que se han tomado.
“Fue una decisión desafortunada por parte de dos jueces de los tres que tomaron la decisión, se va a esperar a que haya una decisión de la corte del distrito pero la gente no está de acuerdo. Sin embargo la lucha va a seguir”, dijo Fernando García.
El activista dijo que a pesar de estas decisiones tomadas, es urgente que haya una reforma migratoria, pues cada vez es mayor la presión de los posibles beneficiados.
“Esto aún no acaba, la esperanza continúa y no es una decisión final, así que el mensaje para todos aquellos que califican es que hay que participar en todos los eventos para ejercer presión”, dijo.
El abogado paseño Carlos Sector, especializado en inmigración, consideró que la Corte de Apelaciones ejemplifica una decisión de corrupción política.
“En la corte del quinto distrito, la mayoría de los jueces son republicanos, por lo que echarán abajo este tipo de acciones, aquí la corrupción es política”, expresó.
De acuerdo a datos periodísticos, dos de los tres jueces del panel la Quinta Corte de Circuito de Apelaciones —Jerry Smith y Jennifer Walker— fueron designados por los presidentes republicanos Ronald Reagan y George W. Bush, en cuanto que un tercero, Stephen Higginson, fue nombrado el demócrata Barack Obama.
“Por ideología se consideró a los jueces del Circuito, porque los argumentos para tumbar la decisión es muy débil, el Quinto Circuito se caracteriza por ser muy conservadores”, dijo.
Agregó que este caso podría llegar hasta la corte suprema de Estados Unidos, pues es muy probable que la decisión de la demanda se dé uno o dos meses antes de que el presidente Obama salga de su puesto y no alcance a aplicarse en su mandato.