Los pagos, algunos de ellos realizados este año, son mucho mayores a los que el gobierno creía e indican la facilidad con la que miles de nazis se asentaron en este país con poco escrutinio tras la Segunda Guerra Mundial, destacó la publicación.
El informe, citado por el diario, que publicará esta semana el inspector general de la administración del Seguro Social, concluye que todos los pagos fueron legales para la etapa en que se realizaron y que la dependencia no tenía la autoridad para prohibirlos hasta que un nazi fuera deportado.
Entre las décadas de 1960 y 1970 decenas de nazis comenzaron a cobrar los beneficios del Seguro Social y no fue sino hasta la década de 1980, bajo la presión del Congreso, que el Departamento de Justicia comenzó a investigar a cientos de sospechosos de atrocidades.
De ahí comenzó un proceso de deportación contra estos exoficiales, así como guardias de campos de concentración y líderes de los escuadrones de ejecución y otros.
El informe encontró que más de tres docenas de antiguos nazis recibieron un total de 5.7 millones de dólares en beneficios antes de ser deportados.
Otros 95 presuntos nazis que recibieron un total de 14.5 millones de dólares nunca fueron deportados y continuaron recibiendo beneficios.
Algunos murieron antes de que pudieran ser deportados, otros huyeron del país y otros se les permitió permanecer en el país.
Los informes sobre la presencia de los exoficiales nazis en el país comenzaron a surgir en la década de 1980 y llevaron al Congreso a aprobar una legislación que les prohíbe el beneficio.
El más reciente pago a un nazi se realizó en enero. En la actualidad no se conoce de residentes vinculados a los crímenes que reciban el beneficio.