Se trata de los primeros integrantes del ejecutivo investigados en el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil, que tras golpear directamente al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), ahora se acerca al Palacio de Planalto.
Según los diarios O Estado de Sao Paulo y O Globo, la corte suprema autorizó la investigación de Edinho Silva, actual ministro de Comunicaciones y portavoz de la presidenta, por haber recibido 7,5 millones de reales (unos 2 millones de dólares) desviados del esquema, de parte del empresario Ricardo Pessoa de la constructora UTC Engenharia.
De acuerdo con los medios locales, el empresario declaró ante la justicia que entregó los recursos para la campaña presidencial de 2014 (tras la cual Rousseff fue reelegida con 52% de los votos) presionado por el extesorero Silva, como forma de soborno para no perder contratos con la estatal Petrobras.
"Soy favorable a que se investiguen todos los hechos, para que se aclaren todas las dudas", dijo Silva.
"Tengo la tranquilidad de quien actuó como coordinador financiero de la campaña presidencial de 2014 dentro de la legalidad", añadió, sin confirmar no obstante la investigación, que debe ocurrir bajo secreto de sumario.
El jefe de gabinete de Rousseff, Aloizio Mercadante, es apuntado como receptor de 250.000 reales (unos USD 67.500) irregulares para su campaña por la gobernación de Sao Paulo en 2010 (que perdió frente a Geraldo Alckmin). Mientras que el montante coincide con lo declarado oficialmente ante la justicia electoral por Mercadante, el empresario Pessoa afirma que entregó el dinero como forma de soborno para obtener contratos con Petrobras, señala O Estado de Sao Paulo.
En el llamado "Petrolao", las principales constructoras de Brasil formaron un cártel para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago de sobornos a directivos de la estatal vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los confabulados.
Por su participación en el esquema fueron denunciados y resultaron detenidos el extesorero del PT, Joao Vaccari, y Jose Dirceu, mano derecha del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) durante su primer gobierno.
Recientemente, fueron denunciados el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un opositor acusado de haber recibido 5 millones de dólares de forma ilegal, y el expresidente Fernando Collor (1990-1992), en una causa que permanece bajo secreto de sumario.
La investigación contra sus ministros se conoce en un momento en que la presidenta Rousseff enfrenta mínimos históricos de popularidad, en medio de un estancamiento de la economía que ha complicado el comienzo de su segundo mandato.