En una rueda de prensa con periodistas extranjeros, Nuzzi, autor del libro “Via Crucis”, señaló que con el proceso iniciado este martes, el Vaticano “se pone fuera del derecho internacional sobre la libertad de expresión e información”.
“El proceso a los periodistas es la expresión de una Iglesia oscurantista que está en contraste y no corresponde con el limpido mensaje de revolución suave que el Papa Francisco expresa todos los días”, declaró el periodista, juzgado al lado de su colega Emiliano Fittipaldi, autor del libro “Avarizia”.
Señaló que solamente hizo su trabajo con la publicación de “Via Crucis”, en el que divulga documentos que le fueron entregados por los otros imputados: el sacerdote español Lucio Angel Vallejo Balda, su ex asistente Nicola Maio y la relaciones públicas, Francesca Chaouqui.
“La obra de limpieza del Papa ha detectado puntos críticos al interior de la Iglesia, de la curia romana y de su gestión financiera que se pueden ver en los documentos publicados en mi libro”, dijo.
Consideró que la “casta vaticana” no está contenta que ello se haya hecho del dominio público, mientras el proceso de renovación del Papa “desgraciadamente” avanza con una velocidad inferior a las expectativas.
Cuestionado sobre si el pontífice podría haber detenido el juicio en su contra, opinó que ello depende de la manera en que le haya sido presentada la situación.
De cualquier manera Nuzzi negó tajantemente haber robado los documentos, como lo dijo el propio Papa en una reciente audiencia pública.
“El Papa habla de robo de documentos, pero ninguno (de los imputados) ha sido acusado de robo o rapiña”, afirmó.
Dijo que la comisión (COSEA) que Francisco creó poco después de ser elegido, tenía el objetivo de detectar situaciones críticas en el manejo económico-financiero del Estado pontificio.
“El archivo de esta comisión fue violado y yo espero que la justicia vaticana identifique a quienes sustrajeron esos documentos”, añadió.
Asimismo, Nuzzi, que trabaja en la televisora privada Mediaset, negó haber presionado a monseñor Vallejo Balda, ex miembro de la COSEA, para que le pasara los documentos confidenciales.
“No veo la hora de hacer públicos los mensajes por What’sApp (con Vallejo Balda) en los cuales se puede ver que entre nosotros había una relación cordial y serena”, aseveró.
También denunció que le fue vetado conocer el expediente del juicio y que tampoco se le permitió nombrar a un abogado de confianza, sino que le fue designado uno de oficio que apenas conoció esta mañana, durante la primera audiencia.
“No creo que el saber como es manejado el dinero de las limosnas tenga que ver con la seguridad de un Estado. Nunca habría violado un secreto que pusiera en peligro la seguridad de un país. Las noticias que publiqué tienen que ver con el mal manejo, no con la seguridad del Vaticano”, insistió.
En tanto, en la audiencia de este martes ante el Tribunal de Estado de la Ciudad del Vaticano, el otro periodista acusado, Emiliano Fittipaldi leyó una declaración en la que se dijo “incrédulo” por verse imputado ante una autoridad judicial diferente a la de su país.
“En mi país la conducta de la que soy acusado no sería perseguible penalmente, porque no se me acusa de haber publicado noticias falsas o difamatorias, sino simplemente de haber publicado noticias, una actividad protegida y garantizada por la Constitución italiana, por la Convención europea de derechos humanos y por la Declaración universal de derechos humanos”, dijo.
Inicia el juicio
La primera audiencia del juicio contra los periodistas Emiliano Fittipaldi, Gianluigi Nuzzi y otras tres personas acusadas de entregarles documentos confidenciales -que después publicaron en dos libros- inició hoy ante el Tribunal de Estado de la Ciudad del Vaticano.
En un comunicado, la oficina de prensa vaticana informó que en la audiencia estuvieron presentes los dos periodistas, además de los otros imputados: el sacerdote español Lucio Angel Vallejo Balda, su ex asistente Nicola Maio y la relaciones públicas, Francesca Chaouqui.
Los tres últimos son acusados de “asociación criminal organizada” por haber sustraído "documentos sobre intereses fundamentales" para el Vaticano y la Iglesia católica, mientras que los periodistas son imputados por haberlos divulgado en dos libros.
Los cinco podrían ser sentenciados a entre cuatro y ocho años de prisión en un juicio (conocido como Vatileaks 2) que de acuerdo con organismos internacionales atenta contra la libertad de prensa.
Según el Vaticano, en la audiencia de este martes los acusados estuvieron acompañados por sus respectivos abogados: Emanuela Bellardini de Vallejo Balda (de oficio); Agnese Camilli de Chaouqui (de oficio); Rita Claudia Baffioni de Nicola Maio (de oficio); Lucía Musso de Emiliano Fittipaldi, propio y Roberto Palombi de Gianluigi Nuzzi, propio.
No estaba presente sin embargo, el representante de la parte lesa, es decir la Santa Sede, dijo el comunicado.
Indicó que el Tribunal rechazó dos excepciones preliminares presentadas por la abogada Bellardini sobre el calendario para la presentación de las pruebas de defensa, y por la abogada Musso sobre la nulidad de la citación a juicio de su defendido por falta de precisión en los presuntos delitos.
El Promotor de Justicia, en la persona de Roberto Zannotti, respondió a la segunda objeción.
Argumentó que no se pretende conculcar la libertad de prensa, pero que el acusado está llamado a responder de su conducta en la actividad llevada a cabo para conseguir las informaciones y los documentos publicados “como está indicado en el cargo imputado”.
El Tribunal, presidido por Giuseppe Della Torre, después de una reunión en cámara de consejo rechazó las dos excepciones y convocó, el lunes 30 de noviembre a las 09:30 horas locales, la próxima audiencia que comenzará con el interrogatorio de los acusados.
La defensa de Vallejo Balda, Chaouqui y Maio ha argumentado que al divulgar algunos de los escándalos y trapos sucios del Vaticano querían ayudar al Papa Francisco en su tarea de limpieza.
Los libros “Via Crucis”, de Nuzzi y “Avarizia”, de Fittipaldi, publican documentos de una comisión (COSEA) que el Papa creó poco después de ser elegido en 2013, para que hiciera un diagnóstico de la situación económico-financiera del Estado pontificio.