Acompañados por sus representantes en derechos humanos, Santiago Aguirre y Mario Patrón, del Centro de Derechos Peo Juárez, los familiares llegaron a las 11:05 horas de ayer jueves para que se cumplan con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Posterior a la reunión entre la canciller, Claudia Ruiz Massieu, el subsecretario de derechos humanos, Roberto Campa, y los padres de las víctimas, la cancillería mexicana resolvió crear una comisión coordinada por el presidente de la CIDH la cual se encargará de supervisar la investigación en el caso de los 43 normalistas.
En este contexto, se acordó que el mecanismo de seguimiento del caso estará bajo la supervisión de James Cavallaro, el presidente y relator para México de la CIDH, señaló a la prensa el abogado de los padres, Vidulfo Rosales.
Los padres de los jóvenes desaparecidos plantearon a la Cancillería que la comisión de seguimiento la integren también algunos de los expertos independientes, algo que Ruiz Massieu se comprometió a evaluar.
De acuerdo con la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), basada en testimonios de varios detenidos, los jóvenes fueron retenidos por los policías y entregados a un grupo criminal que, al confundirlos con miembros de un cártel rival, los asesinó e incineró en un basurero.
Sin embargo, un grupo de expertos independientes comandados por la CIDH determinó el año pasado que no existen pruebas científicas que respalden la versión de la incineración. Posteriormente, el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense también rebatió la hipótesis de la fiscalía.