De los 81 senadores, 42 votaron a favor de la inhabilitación de Rousseff por un periodo de ocho años, una mayoría insuficiente a los dos tercios requeridos para impedirla de ocupar cargos públicos, según lo establecido por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lowandowski.
Otros 36 senadores votaron en contra de la inhabilitación y tres se abstuvieron.
Senadores favorables a Rousseff lograron durante la mañana que la Cámara Alta dividiera en dos votaciones el proceso, una para decidir la destitución y otra para su eventual inhabilitación, en lo que puede ser considerado una última victoria política de la exmandataria.
Temer asume el poder
En el poder de forma interina desde el 12 de mayo, Michel Temer, será presidente hasta 2018 de Brasil, un país al que deberá sacar de la crisis con reformas impopulares cuya aprobación tendrá el reto añadido de su baja popularidad y de las acusaciones de corrupción a varios de sus ministros y su partido.
De origen libanés, discurso moderado y figura menuda, el vicepresidente de Dilma Rousseff desde 2011 es un discreto abogado constitucionalista con dilatada experiencia política que llega a la presidencia de la mayor economía de América Latina sin el aval de las urnas y con críticas a sus primeros 100 días de gestión.
Su Ejecutivo, donde no hay ni una sola mujer o negros –en un país que eligió en 2014 a Dilma Rousseff presidenta y tiene más de la mitad de población afrodescendiente-, fue motivo de crítica no solo por la falta de diversidad, sino también por la presencia de ministros sospechosos de estar involucrados en la trama destapada por la Operación Lava Jato.
Con vía libre ahora para gobernar hasta los comicios presidenciales de 2018, a los que asegura que no se presentará como candidato, Temer prepara una extensa agenda inminente de viajes internacionales para reforzar su legitimidad, al tiempo que a nivel doméstico presentará una agenda de contención del gasto.
Se espera que en septiembre proponga privatizaciones de sectores como los hidrocarburos o las infraestructuras para aligerar el déficit público, mientras propondrá una reforma del sistema de pensiones que amenaza con provocar protestas en las calles.