Ante la incertidumbre del viaje y consientes de los riesgos que implica, se protegen con preservativos, parches, pastillas y demás métodos de anticoncepción. Especialmente con una droga que está ganando popularidad: el compuesto Depo-Provera, mejor conocido como la “inyección anti-México”.
Fármaco que según diversas organizaciones, debido a sus graves consecuencias a salud, se considera como una estrategia de esterilización masiva en la zona por parte de países poderosos.
Para los migrantes, la búsqueda del sueño americano, siempre ha significado peligro y vulnerabilidad. El recorrido hacia el Río Grande representa toda clase de riesgos, situaciones de violencia y corrupción. Pero esta realidad se agudiza para los centroamericanos. Los 5 mil kilómetros de trayecto por territorio mexicano son su mayor pesadilla, pues el pan de cada día incluye sobornos, secuestros y abuso sexual. Y más para las mujeres.
Según datos de la Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala: 57 por ciento de los migrantes de Guatemala y el 54 por ciento de El Salvador y Honduras son mujeres. Además de presentarse un aumento de féminas que emigran solas, no en familia o acompañadas de esposos, padres y hermanos.
Esta creciente “feminización” del fenómeno migratorio ha beneficiado a bandas criminales, traficantes de personas, coyotes y autoridades corrompidas que, aprovechándose de su condición vulnerable, las atacan sexualmente o las insertan en redes de prostitución y explotación laboral.
“Las mujeres y niñas migrantes, especialmente las que no tienen estatus legal y viajan a áreas remotas o en trenes, están en mayor riesgo de violencia sexual”, señala un informe de Amnistía Internacional. La violación se vuelve tan predecible que las mujeres prefieren cargarse con anticonceptivos para así poder evitar un embarazo no deseado. Métodos que además (sólo se exenta el condón) no prevendrán una enfermedad de transmisión sexual.
“Una mujer en la Casa del Migrante de Guatemala tenía en su bolsa como única pertenencia 12 preservativos. (…) Las migrantes saben que van a tener relaciones sexuales, que es muy probable que los hombres, aún en caso de relación sexual sin resistencia, no aceptarán ponerse el preservativo”, señaló el sociólogo mexicano Argán Aragón Dubois en entrevista con El País. Ante un panorama desolador, “adaptarse a esa realidad es ahora inyectarse el Depo-Provera”.
Nacido como un mitigante para el cáncer de útero, las propiedades anticonceptivas de este compuesto de una sola hormona llamada medroxiprogesterona, se descubrieron a principios de los sesentas. Con una efectividad de hasta el 97 por ciento, la droga provoca esterilidad por periodos que van de tres a seis meses.
Para medidos de los setenta su popularidad ya era mundial, a tal grado que en Tailandia se volvió la opción número uno de los programas de planificación familiar. Mayor se volvió el impacto cuando la corporación norteamericana Upjohn la comenzó a fabricar y a distribuirla en países como Canadá y Bélgica. Para los ochentas, las consecuencias se comenzaron a mostrar.
Filipinas suspendió la distribución de la inyección debido a las afectaciones a salud que presentaban sus mujeres. Aviso que se dio especialmente al Fondo para las Actividades sobre Población de la ONU. Al tiempo que el doctor Colin McCord, consejero técnico de la ONU, advertía al gobierno de Bangladesh que si continuaban con la repartición del compuesto esto podía resultar en una epidemia de cáncer uterino en 10 o 20 años.
El Depo-Provera ayuda a detener el avance del cáncer uterino en pacientes, pero en mujeres sanas puede provocarlo. Además de ponerlas en riesgo de un cáncer de matriz y mama. A eso se suman síntomas como la depresión, anormalidades en el sangrado menstrual (amenorrea) y pérdida del apetito sexual.
Y en caso de que la mujer haya sido inyectada durante el embarazo, los efectos secundarios para sus hijos pueden ir desde el crecimiento anormal del pene y la vagina hasta la posibilidad de que desarrollen cáncer. A pesar de los múltiples señalamientos en contra del compuesto, hoy sigue estando aprobado por la Agencia del Medicamento de EUA (FDA, por sus siglas en inglés) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En 1981 el periodista Stephen Minkin expuso cómo uno de los mayores impulsores del fármaco, el Programa Internacional de Investigaciones sobre Fertilidad (IFRP, en inglés), con su apoyo a la hormona mostraba los intereses de Estados Unidos. Ellos veían “la amenaza que representa la sobrepoblación del Tercer Mundo para su seguridad nacional, sus intereses comerciales y el mantenimiento de la oferta de materias primas”, señaló en 1982 en su investigación para la revista Nexos, la periodista Silvia González de León.
Por ello seguir fabricando este medicamento, que se vende libremente en las farmacias latinoamericanas, es una manera de atacar el problema desde la raíz. Argumentos que nos recuerdan a la teoría malthusiana, apuntó González de León, hace más de 20 años. Y si todo comenzó en los sesentas, hoy con 50 años de distancia, la realidad sigue siendo la misma.
En Nicaragua, la institución Profamilia cada año distribuye 15 mil inyecciones a más de 4 mil mujeres, el 80 por ciento de ellas de zonas rurales. Además de su entrega gratuita, otro de los factores que ayudan a la popularidad del Depo-Provera es un precio económico. Su adquisición a 90 córdobas (aproximadamente 54 pesos mexicanos) lo ha llevado a convertirse en el tercer método de planificación familiar más utilizado en el país. Para las migrantes, que saben de los riesgos que significa el viaje a Estados Unidos más no los del medicamento, esta es una opción inmejorable.
Las consecuencias de la “inyección anti-México” se presentan entre 10 y 20 años después de la aplicación. Esto se puede presentar cuando la mujer ya regresó a su lugar de origen y recurrirá a los mismos servicios de salud ineficientes que la llevaron a utilizar este método. O puede que ya se haya establecido en Estados Unidos, lo que no pinta un mejor panorama.
Y es que según cifras del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), sólo 33.5 por ciento de las migrantes asisten a los servicios de salud norteamericanos. Por ello, que ellas se realicen exámenes como una mastografía o papanicolaou es casi imposible.
De acuerdo al informe de la organización mexicana, los costos de la atención médica privada no pueden ser cubiertos por estas mujeres y en caso de que puedan acceder a servicios gratuitos, el temor a la deportación, la barrera del idioma y la falta de información entorpecerán el proceso.
No existe un seguimiento y documentación de los casos de mujeres afectadas por esta hormona, por parte de los gobiernos latinoamericanos o de organismos especializados en migración y salud. La inestabilidad de su residencia, el escaso acceso a la salud pública y las condiciones económicas dificultan el conteo de las perjudicadas y el apoyo en situaciones de grave enfermedad.
Lo que verdaderamente nos revela esto es un sistema ineficiente. Un sistema que no puede velar, en primer lugar por la seguridad de sus hombres y mujeres, que permite violaciones a los derechos humanos, los principios básicos para el desarrollo óptimo de las personas. Un sistema que orilla a sus mujeres a hacerse a la idea de que el abuso sexual es algo que deben aceptar y por ello deben buscar sus propias maneras de protegerse.
Un sistema que les ofrece un anticonceptivo que a largo plazo las puede llevar a la muerte. Porque parece que estas mujeres no le importan a nadie. Ellas y nadie más que ellas son las que deben ver por sí mismas.