En conferencia de prensa, el Subsecretario para América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana, explicó que este Programa “ha dado resultados alentadores en defensa de nuestros connacionales” y detalló que mediante este mecanismo el gobierno de México no pretende condonar delitos, sino promover que todos los mexicanos tengan acceso a un debido proceso legal.
En septiembre de 2000, la Cancillería creó el Programa con el objetivo de atender a los ciudadanos de origen mexicano que enfrentan la pena de muerte en la Unión Americana, así como para mejorar la calidad de su defensa desde el momento de la detención hasta los procesos post sentencia, tanto en aquellos estados que autorizan este castigo, como en la jurisdicción federal. A partir del año 2001, el Programa incluyó también casos de connacionales no sólo sentenciados a muerte, sino también de aquellos que enfrentan procesos judiciales que podrían culminar con la imposición de la pena capital.
El Consultor Jurídico de la SRE, Alejandro Alday González, expuso que se ha logrado revertir la pena de muerte en 98% de los casos en los que el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos ha llevado la defensa de los inculpados desde el inicio de su proceso legal hasta su conclusión.
El Subsecretario para América del Norte destacó que en materia de defensa de mexicanos sentenciados a pena de muerte, México no sólo cuenta con este Programa de Asistencia Jurídica, sino que también trabaja de forma permanente con el Poder Legislativo de Estados Unidos para que la notificación y acceso consular previstos en la Convención de Viena se aplique de manera generalizada en Estados Unidos.
En su oportunidad, el Embajador Jacob Prado González, Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior, expuso que en este momento 75 mexicanos enfrentan procesos penales que podrían derivar en la aplicación de una sentencia capital, en tanto que 54 ya cuentan con un fallo que les impone este castigo. De estos 54, 33 pertenecen al caso Avena, en el cual la Corte Internacional de Justicia concluyó que se había violado la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, al no permitirles a los acusados tener acceso desde un inicio a asistencia jurídica y consular por parte del gobierno de México.
Finalmente, en relación con la sentencia capital contra el mexicano Rubén Cárdenas Ramírez (la cual se prevé que sea concretada el próximo miércoles 8 de noviembre en una prisión de Texas), el Subsecretario para América del Norte reiteró que México mantendrá hasta el último minuto su trabajo para lograr una moratoria o suspensión de esta pena.