La fecha va a ser histórica porque en caso de que la ley se apruebe en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, Argentina se convertirá en el tercer país de América Latina, después de Cuba y Uruguay, que legaliza el aborto a nivel nacional.
El próximo jueves culminarán las maratónicas audiencias que comenzaron el pasado 10 de abril en las comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal.
Sociólogas, periodistas, actrices, periodistas, médicos, estudiantes, líderes de organizaciones feministas o religiosas y especialistas de países en donde el aborto se legalizó confluyeron en un debate que fue seguido con atención por gran parte de la sociedad.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, una vez concluida la discusión en las comisiones de la Cámara de Diputados, los legisladores deberán votar los dictámenes que se someterán a la decisión final del resto de sus colegas dentro de dos semanas.
Por ahora se estima que la legalización del aborto cuenta con el voto a favor de 114 diputados y 108 en contra, por lo que los 35 que se mantienen indecisos definirán el resultado.
La sesión plenaria del 13 de junio estará marcada por la tensión, ya que la ley puede ser aprobada o rechazada por mayoría simple, lo que implica que un solo voto puede hacer la diferencia.
El debate parlamentario se abrió con la iniciativa de ley propuesta por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que legaliza esta práctica sin restricción alguna, por mera voluntad de la madre, hasta la semana 14 del embarazo.
Sin embargo, en estos dos meses de discusión en comisiones se fueron añadiendo una docena de proyectos más, entre los cuales se incluyen los proyectos que mantienen la penalización del aborto.
En Argentina, el aborto está despenalizado si la vida de la madre corre peligro o por violación, pero las causales no se respetan y en muchos casos la decisión se judicializa, lo que perjudica a las mujeres que atraviesan embarazos no deseados.
En las últimas semanas, por ejemplo, hubo escándalos por los embarazos de dos niñas de 10 y 11 años en las provincias de Salta y Mendoza, que fueron violadas por sus padrastros y que aun así se les negó el acceso a un aborto legal.
Si la Cámara de Diputados aprueba la legalización, entonces el dictamen pasará a la Cámara de Senadores para su ratificación o rechazo, en un proceso que será crucial la influencia del 60 por ciento de los argentinos que, según las encuestas, apoya la interrupción voluntaria del embarazo.