fueron separados de sus padres, con base en la política migratoria de tolerancia cero tras cruzar la frontera de manera ilegal.
El juez Dana Sabraw, de la Corte Federal en San Diego, determinó en una audiencia este martes que 63 de los 102 niños que fueron separados deben reunirse este mismo martes, al vencer el plazo original que el magistrado emitió para ello el pasado 26 junio.
En una audiencia efectuada la víspera, parecía que Sabraw extendería la fecha límite, pero este martes ratificó que el gobierno federal debe cumplir con el plazo original.
El juez concedió que los otros 39 niños tienen casos más complicados, que incluyen la posibilidad de que los padres puedan representar una amenaza para sus hijos, o porque enfrentan cargos criminales no migratorios en cárceles estatales o federales, y en 12 casos los padres han sido deportados del país.
Sabraw pidió a un abogado de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), que originalmente interpuso una demanda para proceder a la reunificación familiar de migrantes, que prepare una propuesta para un posible castigo si el gobierno falla en reunir a la primera ronda de familias.
Sarah Fabian, abogada del Departamento de Justicia, intentó que el juez concediera más tiempo para la reunificación al argumentar que las pruebas de ADN que se realizan en 16 padres y niños para confirmar que realmente están relacionados podrían extenderse hasta el miércoles.
Sin embargo, el juez se opuso. "Estos son plazos firmes", dijo Sabraw. "No son objetivos ambiciosos. Necesitan responder", dijo. "Necesitan ser conscientes de los plazos. Espero que estas tareas se cumplan hoy".
El pasado 26 de junio, Sabraw estableció cómo plazo hasta este martes para reunir a los niños menores de cinco años con sus familias y para el próximo 26 de julio a los mas de dos mil niños mayores de esa edad.
Todos los demás menores de edad, mas de dos mil que permanecen bajo custodia del gobierno federal deberán ser reunidos con sus padres antes del 26 de julio cuando se vence el plazo para ello.
Sabraw dijo que se sintió alentado al ver el trabajo realizado por varias agencias federales que han estado involucradas en la detención y reunificación de padres e hijos. Pero dejó en claro que esos plazos se mantendrán.
La única área donde Sabraw proporcionó un margen de maniobra para la administración es en casos donde el padre ha sido deportado.
Dijo que esas familias deben reunirse bajo su orden, pero reconoció que esas reunificaciones tomarán un tiempo y que trabajará en un plan para esas reuniones en los próximos días.
Sabraw también le permitió al gobierno utilizar un enfoque más rápido para reunir a las familias.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que es responsable del cuidado de los menores que han sido separados, ha seguido las pautas establecidas por el Congreso en 2000 antes de liberar a cualquier niño de su custodia.
Fabian explicó que esos requisitos han disminuido la capacidad del gobierno para reunir rápidamente a los padres con sus hijos.
Bajo la Ley de Protección a Víctimas de la Trata y la Violencia, el gobierno federal esta obligado a realizar verificaciones de antecedentes de los patrocinadores, controles en persona del lugar donde viviría el niño y una evaluación completa de las personas que viven en esa casa.
Sabraw dictaminó que la ley estaba diseñada para menores no acompañados: niños atrapados cruzando la frontera solo y dictaminó que el gobierno no tiene que seguir cada paso del proceso establecido.