defraudado al programa de seguro médico Medicare en Estados Unidos, y que abrió y operó hostales y restaurantes para encubrir sus actividades en las provincias de Sancti Spíritus y La Habana.
Al notificar la condena a los integrantes de la red, encabezada por al ciudadano cubano-estadunidense Orelvis Olivera Amador (Papo), residente en Miami, el portal oficial Cuba Debate relató el lunes que la red poseía el hostal llamado Casa Amador en el barrio residencial del Vedado, en La Habana, clausurado por las autoridades en 2016 durante la investigación.
Olivera Amador fue detenido en septiembre de 2014 y condenado a prisión por la Corte del Distrito Sur de la Florida, por una estafa al programa federal Medicare por unos siete millones 300 mil dólares, una parte de los cuales fueron "lavados" en negocios turísticos en Cuba, en donde fue juzgado en ausencia.
El reporte precisó que la fiscalía de la provincia cubana de Sancti Spíritus abrió investigaciones contra el ciudadano cubano-estadunidense y seis testaferros, a quienes se confiscaron bienes por seis millones 436 mil 942 pesos cubanos, que incluían un auto, cuatro viviendas, cuentas bancarias y dinero en efectivo.
El Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus realizó con base en esa pesquisa un juicio oral a Olivera Amador, preso en Miami, y a otros 13 acusados, por lavado de activos, evasión fiscal, evasión fiscal de carácter continuado, falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito.
Olivera Amador realizó inversiones en Sancti Spíritus y La Habana con dinero proveniente de su desfalco al Medicare, mediante una red formada por familiares y amistades que compraban o administraban los bienes, que incluyeron la construcción de al menos tres restaurantes para encubrir el origen del dinero.
Uno de los testaferros, identificado como Brian Rangel Pérez, fue señalado por ubicar, remodelar y administrar la vivienda en El Vedado de La Habana para instalar el hostal, cuyas utilidades eran depositadas en una cuenta bancaria a nombre de la madre de Olivera Amador.
El líder de la red abandonó Cuba de manera legal en 2005 para mudarse a Panamá y visitó la isla en 26 ocasiones entre 2007 y 2014, y apeló a su madre para introducir a Cuba parte del dinero estafado en sumas sin declarar, como estipulan las normas aduaneras y bancarias, anotó Cuba Debate.
Según el informe, la red incurrió en Cuba también en los delitos de evasión fiscal, al declarar un valor menor al real de las viviendas y los vehículos adquiridos, ocultar las ganancias de sus negocios y encubrir actos de compra-venta como donaciones, así como en falsificación de documentos.
Tras resolver los recursos de casación de los acusados, la Sala Primera del Tribunal Provincial absolvió a uno de los 14 implicados, ratificó 11 de las condenas impuestas por el TPP, y elevó dos más, al sentenciar a 10 años de prisión a Olivera Amador, y seis a Brian Rangel Pérez.