reparación integral de más de un millón de dólares al Estado por su presunta implicación en el delito de cohecho en el caso conocido como "Sobornos" (2012-2016).
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, expuso en un alegato de unas tres horas su argumentación y señaló que la audiencia, que se prolonga cerca de dos semanas, "demostró la existencia de una estructura de captación de dinero irregular, liderada por el expresidente Rafael C.".
