"Los abogados que representan a las mujeres que sufrieron abusos médicos en el Centro de Detención del Condado de Irwin introdujeron una demanda colectiva y una queja en nombre de 40 mujeres", informó la abogada Sirine Shebaya.

A mediados de septiembre, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que en la prisión migratoria de Irwin, en Georgia, que está gestionada por entes privados, había una elevada tasa de histerectomías o extracciones de útero. Según las informaciones, este centro envió a muchas mujeres a ver a un ginecólogo particular y algunas migrantes expresaron que desconfiaban del médico.
"Todas ellas fueron sometidas o se les ordenó que se sometieran a procedimientos ginecológicos no consentidos, que no estaban indicados desde el punto de vista médico y que son invasivos y fueron realizados por Mahendra Amin", denunciaron los abogados en una demanda interpuesta en Georgia en la noche del lunes.

Según la demanda, "en muchos casos, los procedimientos ginecológicos ejecutados por el acusado contra las demandadas equivalen a actos de agresión sexual" porque varias migrantes señalaron haber sido víctimas durante su vida de abusos sexuales y aseguraron que los exámenes con el médico acusado les recordaban sus traumas. Una de las mujeres describió el proceso como "la forma más 'medicalizada' en la cual uno podría experimentar la violación”.

Una de las migrantes contó en la demanda que fue operada de un quiste y que se le obligó a firmar un consentimiento sin leerlo. Cuando se despertó, ya no tenía ombligo y tenía una hendidura en el abdomen. La mayoría de las demandantes siguen presas en la cárcel migratoria, unas pocas fueron liberadas y una fue deportada a México después de que denunciara la situación. Esta mujer 28 años se salvó de una histerectomía no consentida porque contrajo COVID-19 y no pudo ser intervenida. Según la denuncia.

Varias supuestas víctimas -que no están en la demanda y cuyos testimonios no pudieron ser corroborados- fueron devueltas a sus países tras denunciar los abusos médicos, según los abogados. Señalaron que, cuando las mujeres intentaron denunciar los hechos, las autoridades del centro iniciaron medidas para silenciarlas, incluyendo el confinamiento en solitario y amenazas varias. A una de ellas se le negó el acceso al teléfono, lo que implicó que perdió la custodia de su hija.

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