El tribunal con sede en San José, Costa Rica, determinó “requerir al Estado que proceda a la liberación inmediata” de los aspirantes a la presidencia: Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como del empresario José Adán Aguerri y la activista Violeta Granera.

En esta decisión, conocida como medida provisional de la CIDH, se pide al Estado de Nicaragua que informe “a más tardar el 8 de julio de 2021 sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión”.

Esta determinación ocurre después de un pedido ante la OEA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó la intervención de la Corte por la situación de algunos arrestados con violencia, o con padecimientos de salud no atendidos.

La entidad valoró que puede actuar en favor de esas cuatro personas pues la situación cumple tres premisas: ser de “extrema gravedad”, debe atenderse con “urgencia” y debe tratar de “evitársele daños irreparables”.

Ortega, un exguerrillero de 75 años que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas.

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