suman 39 personas desde el golpe militar. Además, los periodistas son blanco de ataques y se han producido cortes de las telecomunicaciones e internet en el país. Michelle Bachelet insta a procesar a los responsables.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos repudió este jueves el asesinato por las fuerzas de seguridad sudanesas de 15 personas durante las protestas realizadas en Jartum, Jartum-Bahri y Omdurman, en las que también resultaron heridos más de cien manifestantes, 80 de los cuales registraron lesiones con de fuego en la cabeza o tórax.

A partir del golpe militar perpetrado en el país africano el pasado 25 de octubre, al menos 39 personas han sido abatidas a tiros, denunció Michelle Bachelet.

Las fuerzas del orden también han utilizado sistemáticamente gases lacrimógenos y han llevado a cabo arrestos masivos para disolver las movilizaciones de la población que se pronuncia contra el régimen militar.

“Es vergonzoso”

“Tras nuestros repetidos llamamientos a las autoridades militares y de seguridad para que se abstengan del uso de fuerza innecesaria y desproporcionada contra los manifestantes, es absolutamente vergonzoso que ayer se volviera a utilizar munición real contra ellos”, lamentó Bachelet en un comunicado.

Agregó que es deplorable que se responda con disparos a manifestantes desarmados, dejando decenas de muertos y muchos más heridos.

Se trata “claramente de sofocar la expresión de la disidencia pública y equivale a graves violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos”, apuntó.

Bachelet enfatizó que los miembros de las fuerzas de seguridad, así como los líderes políticos y militares responsables del uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, deben rendir cuentas ante la justicia, de acuerdo con las normas y las leyes internacionales de derechos humanos.
Incomunicación

Según las informaciones de la Oficina de la Alta Comisionada, desde el medio día de ayer los militares cortaron todas las comunicaciones telefónicas y móviles en el país, además de cerrar el internet, dejando a Sudán aislado del mundo, excepto por los enlaces satelitales.

En este sentido, recordó que los cierres generales de internet y telecomunicaciones “violan los principios básicos de necesidad y proporcionalidad y contravienen el derecho internacional” toda vez que, entre otras abusos, dejan a las personas sin la posibilidad de llamar a las ambulancias para atender a los heridos, no permiten la comunicación entre hospitales y médicos e imposibilitan a las familias para informarse sobre el estado de sus seres queridos.

Bachelet destacó la necesidad de garantizar que los trabajadores de la salud puedan brindar atención médica a los manifestantes heridos, que su trabajo no sea obstaculizado y que no se les convierta en objetivos de agresiones.

Periodistas atacados

Por otra parte, se refirió a los periodistas, que son cada vez más blanco de ataques cuando critican o denuncian a las autoridades.

Las fuerzas de seguridad han asaltado y allanado casas y oficinas de los profesionales de la información, además de que se les ha arrestado arbitrariamente y algunos de ellos han sufrido intentos de secuestro a manos de asaltantes armados no uniformados.

Bachelet señaló que el corte del servicio de internet impide que los periodistas difundan información clave sobre la situación actual en Sudán y expresó preocupación porque el entorno cada vez más hostil contra esos profesionales dé como resultado la autocensura y amenace aún más la pluralidad y la independencia de los medios.

En este contexto, la Alta Comisionada pugnó por la liberación inmediata de todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, al igual que de los actores políticos que se encuentran arrestados.

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