mexicano, Damián Gallardo Martínez, fue durante años víctima de tortura en su país, en violación de la convención internacional contra este tipo de abusos.
El comité, formado por 10 expertos y presidido por el mexicano Claude Heller, indicó que el trato a Gallardo Martínez, detenido y torturado durante cinco años "por un crimen que no cometió", violó la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, en vigor desde 1987.
Gallardo Martínez, activista por los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la educación, fue detenido sin orden judicial, tras participar en protestas lideradas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 2013 en Oaxaca.
Según recordó el comité, estuvo privado de libertad e incomunicado en un centro de detención clandestino, donde fue golpeado por agentes de policía para que revelara información sobre otros manifestantes.
El activista denunció que le hicieron firmar unos documentos en blanco bajo amenaza de dañar a su familia, que fueron utilizados más tarde como una supuesta "confesión" por la que fue acusado de participación en crimen organizado y el secuestro de dos jóvenes.
Tras dictaminar sentencia un juez, Gallardo fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde estuvo detenido más de cinco años hasta que el Ministerio Público Federal finalmente solicitó el desistimiento del caso, en diciembre de 2018.
Gallardo denunció haber sido durante todo ese tiempo golpeado brutalmente, sometido a revisiones bucales y anales, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día.
El comité concluyó que el proceso penal iniciado contra el activista se enmarca en un patrón de criminalización de las protestas sociales y exhortó a México a tomar las medidas necesarias para brindar garantías de no repetición.