de El Salvador, Nayib Bukele, la derogación del estado de excepción que impuso en marzo del año pasado, con el objetivo de combatir la violencia pandillera.
"No puede pisotear el derecho a un juicio justo", aseveraron el lunes los expertos mediante un comunicado en el que repudiaron la prolongada extensión del estado de excepción, "junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y de la sentencia".
Según datos de la ONU, un año después la entrada en vigor del estado de excepción han sido detenidas 67.000 personas, muchas de ellas de forma arbitraria. Algunas de esas capturas, aseguran, constituyen "desapariciones forzadas de corta duración". Bukele, por su parte, se jacta de haber reducido sustancialmente las cifras de homicidios gracias a esa medida.