contra el hasta hace pocos meses presidente de Argentina, Alberto Fernández, viene concitando fuertemente la atención del país y más allá. Sería un culebrón increíble, si no fuera porque, lamentablemente, no es ficción.
En medio de la polémica, se han levantado una sucesión de voces que creen entrever, a partir de los hechos denunciados, la deslegitimación de las políticas de protección de los derechos de las mujeres. Creen constatar la “demostración” de que los discursos de prevención de la violencia son solo mentiras, y hasta claman por el cese de toda inversión del Estado en la temática.
Los hechos denunciados tienen múltiples implicancias: personales, claro, pero también políticas, partidarias, institucionales, sociales e incluso discursivas. En relación con este último aspecto: ¿cuál sería la relación existente entre la denuncia contra el exprimer mandatario argentino y la necesidad (¿o no?) de políticas de prevención contra este tipo de delitos?
"Esta denuncia no invalida en lo más mínimo el valor de las políticas a favor de los derechos de las mujeres que Alberto Fernández haya implementado”, refuta estos argumentos categórica Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, en diálogo con este medio.
"Alberto Fernández no es, ni nunca fue, el protagonista de las luchas feministas, no es el artífice de un movimiento y, si bien ocupó un lugar de suma relevancia en un período en el que se avanzaron en muchos derechos, los logros con colectivos”, complementa la abogada y docente universitaria desde Buenos Aires.
::: Mujeres en peligro
"El análisis debería pasar por ver qué políticas públicas se están aplicando para prevenir violencias y cuáles son los apoyos estatales a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan”, evalúa, por su parte, Silvina Molina, periodista, autora y consultora en temas de género.
"Y aún no se han visto acciones en este sentido por parte de personas que ocupan cargos en distintos estamentos gubernamentales, salvo excepciones. Pero, con mujeres en peligro, las excepciones no alcanzan. Tendría que ser un consenso de todos los partidos políticos”, indica la experta consultada por DW.
Efectivamente, en el país sudamericano, y según un estudio del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación(ahora cerrado), y la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y Naciones Unidas, una de cada dos mujeres que están o han estado en pareja vivió algún hecho de violencia de género a lo largo de su vida.
Asimismo, y según cifras oficiales provistas por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2023 se registraron 250 femicidios, lo que equivale a un femicidio cada 35 horas.
::: ¿Políticas públicas en retirada?
"La situación es muy preocupante”, asegura Gherardi. "En un monitoreo que hicimos desde ELA a 6 meses de gestión del actual Gobierno, los problemas son claros: se eliminó el organismo encargado de prevenir y atender a las mujeres atravesadas por la violencia y 19 políticas públicas están siendo desmanteladas”, indica, crítica.
Y también: "En lo que va del año, se ejecutó un 28 por ciento menos de la línea 144 (que asiste a mujeres en situación de violencia de género), y se despidió al 38 por ciento de su personal”, remarca, entre otros puntos, la profesional.
"Cumplir con las obligaciones que el Estado ha asumido tanto en las leyes nacionales como a través de la firma de tratados internacionales de derechos humanos, no se vincula con ideas 'de izquierda' ni 'de derecha”, aclara.
::: ¿Paradoja en curso?
Así es que, desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, han consignado en un reciente informe: "Frente a quienes, ante esta situación, celebran el cierre del ex Ministerio de las Mujeres: ninguna política pública, por su mera existencia, resuelve de un momento para otro la problemática social que viene a atender. Eso de ninguna manera significa que esas políticas sean innecesarias o ineficaces”.
"La violencia de género es cultural, histórica, muy compleja de resolver. Es importante salir de los falsos debates y de las simplificaciones. Es una problemática real que necesita un abordaje serio y no oportunista. La reflexión debería ser al revés: ¿no son estas políticas públicas más necesarias que nunca?”, se pregunta el texto del informe, sin esperar respuesta.