que refuerzan la represión de la disidencia, en el contexto de su invasión de Ucrania iniciada hace tres años
La nueva legislación tipifica como delito "desacreditar" al ejército o pedir sanciones contra Rusia y prohíbe "ayudar a aplicar decisiones" de organizaciones internacionales de las que Moscú no forme parte.
Esto podría aplicarse, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional (CPI), que emitió una orden de detención contra Putin en abril de 2023.
Esta medida forma parte de la creciente ofensiva de Moscú contra la oposición y la libertad de expresión desde que lanzó su ofensiva en Ucrania, lo que supuso numerosas sanciones económicas y el aislamiento político respecto a las potencias occidentales.
Más presión sobre los "agentes extranjeros"
Otra nueva ley prohíbe a los llamados "agentes extranjeros", una calificación usada para atacar a los críticos con el régimen y la ofensiva contra Ucrania, llevar a cabo actividades educativas o formar parte de los consejos de administración de empresas estatales.
Según uno de los decretos promulgados por Putin, quienes ayuden a organizaciones internacionales que excluyan a Rusia o pidan sanciones contra el país también podrán ser tratados como "agentes extranjeros".
Rusia aprobó su ley de "agentes extranjeros" en 2012 y obliga a las personas que reciben esta etiqueta a incluir un descargo de responsabilidad en cualquier declaración pública que hagan, en un intento de socavar su legitimidad.
Sin embargo, Moscú reforzó las normas en los últimos tiempos, y la lista de agentes extranjeros consta ahora de unas 1.000 personas y organizaciones, entre ellas músicos, escritores y periodistas de renombre. Esto obligó a muchos de ellos a exiliarse, a veces conservando propiedades en Rusia, ya que tuvieron que huir precipitadamente.