"El preaviso enviado el día 30 (de diciembre) da derecho al consorcio a suspender las obras en cualquier momento a partir del día 21 sin que en este momento ese escenario esté contemplado", advirtió el Grupo Unidos por el Canal de Panamá (GUPC).
El grupo formado por la empresa española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña CUSA indicó que el consorcio "podrá evaluar la situación y tomar la decisión que corresponda en cualquier momento".
El GUPC envió el 30 de diciembre pasado a la Autoridad del Canal (ACP) una nota de aviso de suspensión de obras en 21 días para reclamar mil 600 millones de dólares por supuestos sobrecostos. En medio de intensas negociaciones, el ultimátum fue reiterado el pasado jueves por el consorcio.
El administrador de la ACP, Jorge Quijano, dijo por su lado que la comunicación se mantenía en aras de impedir la paralización de la construcción del tercer juego de esclusas, el principal componente de la expansión iniciada en 2007.
"La ampliación se va a completar con ellos o sin ellos", advirtió Quijano, quien además reveló que se preparan para asumir el control de las obras si al final el GUPC decide abandonar los trabajos por falta de liquidez.
Para solventar el problema de "flujo de caja" del GUPC, la ACP propuso adelantar el pago de 100 millones de dólares pero el consorcio pidió 400 millones de dólares, lo cual fue rechazado por la entidad canalera.
Además en una aparente división en el grupo, Impregilo propuso dos alternativas, un pago total de mil millones de dólares por sobrecostos o el adelanto de 500 millones de dólares para continuar con los trabajos, propuesta también desechada por la ACP.
"El lunes es un momento importante porque ahí comienzan a definirse las cosas de una manera y otra", planteó Quijano.
El GUPC empezó a reducir el ritmo de trabajo desde diciembre a menos de un 30 por ciento de su capacidad, con el despido de más de dos mil 600 obreros en cinco meses, de un plantilla de más de cinco mil.
El grupo internacional aduce que los sobrecostos están relacionados con fallas geológicas no registradas antes de la licitación del contrato de 2009 por tres mil 221 millones de dólares, lo cual les generó trabajo no contemplado para producir los agregados.
La ACP reiteró que cualquier reclamo debe enmarcarse en el contrato, con las tres instancias establecidas, dos de ellas sin el control canalero.
Ante cualquier eventualidad, la ACP tiene programada el martes una reunión con la aseguradora Zurich International, tenedora de una fianza de cumplimiento por 600 millones de dólares para determinar las acciones a seguir en caso de la suspensión de las obras. Quijano calculó que en caso de la paralización, la ACP asumiría el control total en unos 15 días.
La expansión para añadir un carril adicional a los dos existentes inició en 2007 con una inversión de cinco mil 250 millones de dólares, para finalizar el 21 de octubre de 2014, pero ahora sufre un retraso de unos nueve meses.