En un acto celebrado en el Palacio de la Moncloa, los dos dirigentes explicaron que este acuerdo se acompaña de una propuesta de Ley que incluye reformas para tipificar en el Código Penal cuestiones como los “lobos solitarios”, redes de financiamiento del yihadismo o el reclutamiento mediante Internet.
El acuerdo prevé impulsar la pena máxima de prisión para los delitos de sangre del terrorismo yihadista, pero el PSOE se opuso que se les aplique la prisión permanente revisable, de la que Sánchez aseguró que cuando los socialistas cuenten con una mayoría absoluta la derogarán.
Rajoy expuso que también se tipificarán los desplazamientos a zonas de conflicto (como Siria, Irak y otros) en los que yihadistas españoles se han integrado para luchar.
El mandatario recalcó que se trata de “dar la mejor respuesta legal”, y por ello se impulsan medidas para que las fuerzas de seguridad, el sistema de justicia y el Ejército tengan formas de actuar contra este fenómeno.
Abundó que el pacto aborda varias reformas, provee de medios humanos y materiales para una lucha antiterrorista más eficaz, así como iniciativas en la cooperación internacional, principalmente en el marco de la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas.
“Los Estados nacieron para garantizar la seguridad de ciudadanos y la democracia para afianzar las libertades, y consenso que nace hoy muestra que somos una democracia seria y responsable en la que se puede confiar. El anhelo es vivir en seguridad y libertad, es el deseo de los ciudadanos”, dijo.
“Hemos dado un paso conjunto importante. Realza el sentido de política de Estado cuando hay cosas que afectan la seguridad nacional. Consensos como el de hoy hacen de España un país más seguro y de sociedad española más libre”, aseguró.
Por su parte, Sánchez reiteró que este acuerdo está abierto al resto de fuerzas políticas del arco parlamentario, a la vez que compromete a los participantes a honrar la memoria de las víctimas del terrorismo.
Aclaró que el texto recoge la discrepancia del PSOE con la prisión permanente revisable, considerada por la oposición política como una variación de la cadena perpetua (abolida en este país) que es revisable a partir de los 25 años de sentencia cumplida.